Nueve funcionarios del gobierno de Micheletti en audiencia inicial acusados de fraude y estafa

Los imputados son: Reina Margarita Pérez, Luis Alonzo Ramírez, Blanca Mérida Chávez, Rafael Cerrato Aguilar, Gregorio Reyes, Orlinda Romero, Carlos Antonio Bernabé Castillo, Luis Rafael García, Miriam Suyapa Velázquez, todos ex empleados de la Casa Presidencial, según un requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción.

Los ex empleados del ministerio de la Presidencia, que encabezó Rafael Pineda Ponce, son acusados por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y estafa en perjuicio de la administración y la fe pública.

En la acusación se establece que los imputados habría cometido fraude y estafa en contra del Estado por el orden de más de un millón de lempiras de unos fondos que eran para otorgar becas a jóvenes con excelencia académica, los cuales fueron desviaron a fondos personales.

En diciembre de 2011, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó dos informes de auditorías que revelan responsabilidades de tipo civil y penal contra Rafael Pineda Ponce.

Las supuestas irregularidades detectadas corresponden a dos auditorías practicadas por el ente contralor en la gestión de Pineda Ponce como ministro de la Presidencia, en el gobierno interino del 29 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010.

El primer informe, el 004-2010-DASSJ, refiere a una responsabilidad penal detectada en la investigación especial que se realizó a una cuenta de cheques de la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado.

“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, de ser compartida por esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, cita un oficio firmado por el magistrado Jorge Bográn, dirigido al Fiscal General Luis Rubí.

La auditoría expone que “Blanca Mélida Chávez, gerente administrativo de la secretaría de la Presidencia, mediante memorándum del 5 de enero de 2010, solicitó a Pineda Ponce, secretario de Estado, la autorización para el cambio de los beneficiarios de 22 cheques… comprobamos que los cheques fueron modificados en su cantidad y nombre de los beneficiarios”.

Se detallan cuatro casos de entrega de cheques que suman la cantidad superior a los 388 mil 500 lempiras, pero que posteriormente se comprobó que no fueron recibidos por los que se consignaban como beneficiarios.

El dinero se había destinado para reconstrucción de centros educativos y becas, pero se investiga si los mismos tendrían otro destino.

El TSC reseña tipificación de delitos como estafa y otros fraudes. Un segundo informe, el 003-2011-DASSJ, refiere a una responsabilidad civil que se habría cometido en la gestión de Pineda Ponce, al frente del ministerio de la Presidencia.

“Este informe contiene conclusiones y recomendaciones; los hechos que dan lugar a responsabilidad civil se tramitarán individualmente en pliegos separados”, cita el oficio suscrito por Bográn, dirigido a la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.

La auditoría comprobó que Pineda Ponce mediante decreto ejecutivo A-016-DP-2009 autorizó el pago de una bonificación especial a funcionarios y empleados de la secretaría de la Presidencia.

Se incluyó al personal con cargos de confianza, consultoría, servicios técnicos o especializados, secretarias o servicios afines, conserjes, personal de aseo, conductores de automóviles y vigilantes.

El TSC concluyó que se incurrió en un pago indebido por la cantidad de un millón 196 mil 781 lempiras.

Fuente: Proceso Digital
28/05/2013

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