Obreros inconformes con pago parcial de prestaciones

Exigiendo una garantía económica que cubriera sus prestaciones sociales los trabajadores Corazón Apparel, cerraron los portones y mantuvieron tomadas las instalaciones de la fabrica por varias semanas hasta conciliar con los empresarios, pues días antes los ejecutivos de la fábrica sacaron maquinaria y materia prima, mientras anunciaban que sólo tenían trabajo para dos semanas. En ese lapso varios supervisores renunciaron.

El apoderado legal de la empresa, Roberto Palomo y el gerente general, identificado únicamente como Mister Lee, en repetidas ocasiones insinuaron que Corazón Apparel presentaba dificultades por la falta de contratos y que en algún momento podría generarse un cierre temporal.

Al tomarse la empresa, Mister Lee se encontraba adentro y no le permitieron salir durante varios días, el apoderado legal de la fábrica, Roberto Palomo, interpuso una denuncia en el Ministerio Público acusando a los trabajadores de secuestro y pidió la intervención de la policía para que saliera del plantel.

La presión de los trabajadores hizo que la Directora Regional del Trabajo, Lucía Rosales, asumiera la representación del Estado para resolver el conflicto y en varias ocasiones se reunió con los trabajadores y los representantes de la fábrica.

Los propietarios de Corazón Apparel son tambien propietarios de la empresa Yoo Yang, ubicada en Zip Continental de la Lima, Cortés y según los obreros tienen fábricas en Nicaragua y Vietnam. Roberto Palomo es un abogado que ha asesorado por lo menos a cuatro maquiladoras en procesos fraudulentos de cierre y robo de prestaciones a los obreros. Una de esas empresas fue Paraíso donde era Gerente Mister Lee.

Un cincuenta por cien.!o del derecho a prestaciones sociales habrían recibido 650 obreros de la empresa Corazón Aparell, informó Jessica Cortés, fiscal del sindicato de trabajadores de la fábrica.
La dirigente sindical dijo que los obreros recibieron en efectivo 407 mii dólares equivalentes a unos 7.6 millones de lempiras, que alcanzó a cubrir el 40% del total de prestaciones, mientras el resto fue producto de la venta de la maquinaria y equipo con que contaba la empresa al momento del cierre. Los bienes fueron rematados por dos millones de lempiras para cubrir el otro 10.5 por ciento.

Asimismo dijo que no fue posible que los trabajadores recibieran completo su derecho a prestaciones debido a que los coreanos sacaron parte de la maquinaria para trasladarla a una fábrica que mantienen en Nicaragua. En su momento los empresarios expresaron que la maquinaria era alquilada.

Al inicio de las negociaciones tuvo participación el abogado Félix Suazo, apoderado legal del sindicato, pero fue separado por los trabajadores. Sin embargo, en el proceso negociado participó la secretaria general de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes.

Altagracia, manifestó que no cobraría por ayudarles a gestionar el pago de sus prestaciones. Sin embargo, al momento de la adjudicación de los bienes, reclamó que se le entregara una computadora, un escritorio y una silla, que sumados hacían un total de 40 mil lempiras, declaró una obrera, inconforme porque asegura no haber recibido correctamente el porcentaje que le correspondía.

Por su parte el obrero Hugo Amaya, también manifestó su inconformidad, debido a que su liquidación no cuadra con el cálculo realizado y asegura haber recibido incompleto el dinero que le correspondía.
Los cálculos de prestaciones se realizaron en el Ministerio del Trabajo de San Pedro Sula y las liquidaciones fueron pagadas en el Banco de los Trabajadores, expresó Jessica Cortés, que a la vez acepta que hay inconformidad en algunos trabajadores.

También se presentan problemas con el registro de los ingresos por la cuota sindical, pues por este concepto la organización habría recibido aproximadamente 30 mil lempiras semanales para sumar 120 mil al mes. El Sindicato tenía cinco años de haberse organizado. No obstante en las cuentas únicamente se encontraron alrededor cte 17 mil.
Tratando de resolver la situación doce trabajadores contactaron al abogado Oscar Alberto Nuñez, quien conoció la trama y asegura que todo el proceso se dio de manera violatoria a los derechos laborales, pues negociaron un sesenta por ciento de las prestaciones y al final únicamente recibieron el 40 y 50%.

El profesional del derecho dijo que inexplicablemente en el remate de bienes quedaron fuera dos vehículos propiedad de la empresa y que formaban parte de los activos.

En lo relativo a la cuota sindical, Nuñez dijo que en los cinco años el SITRACOR pudo haber recibido alrededor de cinco millones de lempiras, de los cuales los trabajadores no tuvieron participación “lastimosamente no hay pruebas para demostrar y solo la fiscalía de la corrupción podría ventilar el caso.

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