A los jueces y juezas hondureñas les solicitaron ordenen la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese de la criminalización de la protesta social.
Con respecto la represión física y sicológica de los manifestantes, demandaron del Ministerio Público investigue y deduzca responsabilidad penal a quienes han realizado actos de tortura, trato cruel e inhumano y detenciones arbitrarias contra las personas que manifiestan objeción de conciencia al gobierno de facto; para lo cual es fundamental como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía de Derechos Humanos tenga la posibilidad de asumir sus funciones con independencia.
A los Estados del mundo les hicieron un llamado par que pidan cuentas sobre las condiciones de detención y procesos seguidos contra las personas denunciadas en el presente documento.
Asimismo urgieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite información sobre la situación jurídica y personal de las personas detenidas y procesadas.
También le enviaron un mensaje la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que solicite información e incluya en el informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos la situación de estas personas.
Al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, le solicitaron que haga público el informe de los resultados de su visita a Honduras.
Solicitaron que el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas realice una visita urgente a Honduras y verifique la situación jurídica de las personas detenidas y procesadas.
Por último al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, le pidieron que monitoree la situación en Honduras y, que inicie investigaciones de las posibles responsabilidades penales sobre crímenes de su competencia, como el de persecución política.
Finalizaron sus demandas con el eslogan “NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, SI A LA LIBERTAD Y A LA JUSTICIA”.