PLANTEAMIENTO Alianza Cívica por la Democracia

Nosotros, los representantes de las organizaciones que conforman la
Alianza Cívica por la Democracia, frente a la crisis por la que atraviesa el País, producida por el creciente descontento a causa de demandas insatisfechas a la población, presentamos el presente planteamiento:

CONSIDERANDO Que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto el
Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto y otras organizaciones de la Sociedad Civil.

CONSIDERANDO Que la reunión con el Poder Legislativo fracasó debido a
la falta de voluntad política para buscar una solución a nuestras demandas.

CONSIDERANDO Que Usted, como Presidente Constitucional de la
República, deviene obligado a encontrar respuestas a las demandas planteadas.

CONSIDERANDO Que es Usted un promotor del Poder Ciudadano.

Con todo respeto, elevamos las siguientes demandas:

1. Que la Corte Suprema de Justicia resuelva a la brevedad y con apego irrestricto a la Constitución de la Republica y demás Leyes, en aras de una pronta Justicia, el Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto numero 292 98, interpuesto el 23 de febrero de 2006.

2. Que el Congreso Nacional apruebe:

*A .*La derogación del Decreto 292-98 que contiene la Ley General de
Minería, porque la actual Ley y las reformas que se pretenden aprobar, despojan al Estado de su derecho de ejercer soberanía y jurisdicción en el sub-suelo de su territorio, atentan contra el derecho a la vida, la integridad física, el medio ambiente, la economía y en general porque es inconstitucional.

b. Que la nueva Ley prohíba la explotación de la minería metálica y la utilización de sustancias toxicas como el cianuro y otros.

c. Que el Poder Ejecutivo decrete una veda de nuevas concesiones mineras, hasta que se apruebe la nueva Ley y que las concesiones otorgadas inconstitucionalmente sean anuladas.

3. Que el Presidente de la República, con base en el compromiso público adquirido de prevenir la corrupción y de estimular la participación ciudadana, solicite al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en base al Dictamen entregado por la Comisión Dictaminadora el 17 de abril de 2006, a la Junta Directiva del Congreso Nacional.

4. Ejecutar los 700 millones de Lempiras asignados para la ERP en el Presupuesto de la República, según reglamento consensuado del artículo 22 de la Ley de Presupuesto. Demandamos que el Gobierno, a través de la Secretaria de Finanzas, transfiera inmediatamente dichos fondos a las municipalidades y que se respeten los proyectos ya priorizados en los PEDM y en las Estrategias Regionales de Reducción de la Pobreza. Que los fondos provenientes de la condonacion sean orientados totalmente en el presupuesto del 2007 a proyectos de combate a la pobreza y no a gastos corrientes.

5. Exigimos un compromiso del Gobierno de la República de no construir la Represa Hidroeléctrica El Tigre y desarrollar exclusivamente proyectos hidroeléctricos sostenibles y sustentables por la Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE) y comunidades, para desarrollar las fuerzas productivas nacionales y que no atenten contra los territorios y poblaciones.

6. Que el Congreso Nacional derogue la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento y que apruebe en su lugar la propuesta de Ley Alternativa presentada por el Movimiento Popular.

7. Que el Congreso Nacional apruebe la Ley Marco de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, en poder de la Comisión de Dictamen respectiva y que fue consensuada entre el Bloque Popular,
Centrales Obreras, SITRATELH y HONDUTEL.

8. Cancelación de todos los permisos de explotación forestal comercial e industrial, en tanto no se apruebe una nueva Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre que recupere para el Estado la soberanía forestal. El contenido de esta Ley debe privilegiar el beneficio y la participación comunal – municipal y debe consensuarse con las organizaciones defensoras del ambiente.

9. Que el Presidente de la República haga uso de su iniciativa de ley para presentar ante el Congreso Nacional un Proyecto de Decreto para derogar la Ley de Modernización Agrícola y para emitir una Ley Agraria que responda a los intereses del sector agrícola y campesino.

10. Instruir al Secretario de Obras Publicas, Transporte y vivienda, para proceder de inmediato a la pavimentación de las siguientes carreteras: San Marcos Ocotepeque ( Virginia Lempira; Gracias, Lempira)San Juan, Intibucá, Yamaranguila,La Esperanza ( Marcala; La Esperanza ) San Antonio Intibucá. El desvío a Sensenti, Ocotepeque y
apertura del tramo Tomalá – Guanajulque Lempira, ya que han sido aprobados los fondos necesarios en el Presupuesto General de la Republica, por el Congreso Nacional.

11. Que el Poder Ejecutivo garantice el respeto y la aplicación del Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado de Honduras en 1994.

12. Derogación de los Decretos 219 y 220 – 2003, por ser inconstitucionales y violentar los compromisos contraídos por el Estado en los Convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la contratación colectiva, atentando de esta manera contra la estabilidad laboral, sindicalización y colegiación.

13. Que el presente Gobierno no continué con la Política punitiva de Estado, criminalizando la lucha social como se pretende con el proyecto Ley anunciada por el Poder Ejecutivo el viernes 28 de Julio 2006, ni responder con represión a las legitimas demandas del Pueblo.

Presbiterio de Santa Rosa de Copán, Alianza 72, Red de Patronatos de Occidente, ASONOG, Comunidades afectadas en el Valle de Siria, San Andrés, El Corpus, Minas de Oro y Olancho; Espacio Regional de Occidente, APDI, Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, OCDIH, ERIC, APDI, CASM, COPINH, Municipios del Sur de Lempira e Intibucá, Coordinadora de Sociedad Civil, Red de Comisiones Ciudadanas de Transparencia.

San Pedro Sula, 1 de agosto 2006.

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