Reclaman justicia por el asesinato de dirigente campesino

Centenares de campesinos afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) salieron a las calles de El Progreso Yoro, para reclamar justicia por el asesinato del dirigente campesino Edickson Roberto Lemus, hecho ocurrido el 24 de mayo del año pasado.

Los manifestantes realizaron plantones en la Fiscalía de los Derechos Humanos, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y en los juzgados progreseños, donde exigieron explicaciones por el retardo en la aplicación de la justicia, debido a que después de un año del hecho, los encargados de impartir justicia no dan muestras de voluntad para investigar el caso.

El ex dirigente campesino fue asesinado al interior de un bus de la ruta urbana, cuando se dirigía a un terreno que mantenía tomado el grupo campesino Renacer, ubicado en sector sur de la ciudad de El Progreso. Un hombre le disparó cuatro veces en la cabeza, se bajó tranquilamente de la unidad y huyó en un carro que lo esperaba. En la escena hubo muchos testigos, porque aparte del motorista y del resto de pasajeros varios vecinos vieron al hechor, sin embargo, después de doce meses, el expediente continúa como el primer día.

Al momento de su muerte, Edickson Roberto Lemus se desempeñaba como Secretario Regional de la CNTC y apoyaba la lucha del grupo campesino Renacer, por recuperar una tierra que en algún tiempo perteneció a la Cooperativa Las Palmas.

Vale mencionar que días antes, la policía desalojó a los campesinos, por orden de la juez Lesvia Cubas, les destruyeron sus champas y robaron e incendiaron sus pertenencias. Por versión de los afectados se conoció que Natividad de Jesús Hernández, un supuesto miembro de la cooperativa Las Palmas, sentenció con matar a quien se volviera a introducir a la tierra.

A través de un comunicado la CNTC exige a las autoridades, el nombramiento de una comisión independiente y con participación del movimiento campesino para investigar el crimen, la destitución de los funcionarios del Ministerio público, de la DGIC y del poder judicial que no han cumplido con su deber en la investigación, acusación y juicio de los sospechosos del asesinato.

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