Desde hace muchas décadas atrás los empresarios y políticos han “hecho y deshecho” con las arcas del Estado en franca violación al artículo 329 de la Constitución de la República que ordena la justa distribución de las riqueZas.
“Lo que en Honduras ha pasado es un saqueo permanente y un reparto entre grupos oligárquicos de las pocas familias más adineradas del país”, reclama Erasto Reyes, coordinador regional del Bloque popular.
Ante la riqueza natural y mineral son las empresas transnacionales las que se quedan con estas riquezas y con raquíticas ganancias para los municipio afectados, así como para el Estado, dejando miseria, contaminación y enfermedades a las comunidades donde funcionan, expresa el dirigente popular. Erasto Reyes comenta que no es por nada que Honduras aún se encuentra en el 117 lugar de desarrollo humano, siendo un sitio injusto a pesar de la gran cantidad de tesoros naturales, “pero obviamente sucede esto por la injusta distribución de las rique¬zas que efectúan los políticos y empresarios del país”. Este reclamo no proclama dar un golpe de Estado, quitar al presidente o atentar contra la institucionalidad, sino buscar un diálogo franco para establecer un plan nacional de desarrollo para acabar con la pobreza que garantizará la salud, educación, empleos dignos, viviendas para la gente y salarios justos, entre otras medidas.
Para ello las organizaciones populares piden un verdadero ataque a la evasión fiscal, el pago de impuestos por parte de los empresarios, atacar la corrupción para ver ex presidentes y ex funcionarios tras las rejas que paguen por sus delitos”, dice Reyes.
También se pide escoger verdaderos funcionarios públicos, no abusadores del poder, que llenen los verdaderos requisitos para el puesto a desempeñar, y no por simpatía política para resolver los problemas de toda la nación. Además se debe obligar a las empresas que venden comidas rápidas a pagar los impuestos, así como a las empresas maquiladoras porque son ellos quienes imponen al pueblo a socarse la faja a fin de tributarle al Estado.