«Hay que distinguir dos líneas de actuación de la Comisión Europea: su firmeza y coherencia de condenar el golpe y, al mismo tiempo, una visión pragmática de los hechos», declaró Straniero durante la conferencia Respuestas de la UE frente a la crisis democrática y de derechos humanos en Honduras, que tuvo lugar hoy en el Parlamento Europeo.
La conferencia fue organizada por la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Food First Information and Action Network (FIAN), la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), Grupo Sur y Aprodev.
Straniero pidió a los asistentes «que no se tome nota que la Comisión Europea ha dado su apoyo a esta Comisión de la Verdad», ya que «solo estamos estudiando darle apoyo por su rol de pacificación y despolarización» del conflicto, lo cual, según él, «es una posición compartida por la mayoría de los países miembros» de la UE.
Straniero precisó que «no es siguiendo con el congelamiento del programa de cooperación que vamos a ayudar» a Honduras, por lo que explicó que la Comisión Europea continuará con su proyecto de seguridad dirigido a las fuerzas del orden hondureñas, «ya que así podemos ayudarlas a cambiar su metodología, a tener una mirada distinta de hacer las cosas».
Luis Guillermo Pérez, representante de CIFCA y FIDH, comentó a Straniero que, con la decisión del Ejecutivo comunitario, «la Comisión Europea va a restablecer los programas de seguridad con esa misma policía que fue parte del golpe» de Estado.
Por su parte, el eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, el español Santiago Fisas, declaró que su grupo político «condenó de manera contundente la forma en que fue sacado de su casa, mano militari», el presidente José Manuel Zelaya, pero también acusó a éste de «haber violado la constitución al intentar perpetuarse en el poder».
Fisas consideró que las elecciones presidenciales del 29 de noviembre último fueron legítimas porque «ni los militares ni Roberto Micheletti se quedaron en el poder», porque Lobo fue electo «con el mayor número de votos de toda la historia del país», y porque se había constituido en Honduras «un gobierno de unidad nacional».
La eurodiputada española María Muñiz de Urquiza, a nombre del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, señaló que su bancada también estaba a favor de la «reintegración de Honduras» a la comunidad internacional «y a la normalización de las relaciones» con la UE, ya que una vez fuera de la presidencia Micheletti «no podemos aplicar criterios rígidos para resolver los problemas políticos con los que nos enfretamos».
«Tenemos que reconocer los esfuerzos de Lobo para normalizar la situación», sentenció la eurodiputada.
El grupo de los Verdes, los Liberales e Izquierda Unitaria, a través de sus representantes en la conferencia, (Raúl Romeva, Gianni Vattimo y Willy Meyer, respectivamente) se pronunciaron contra el reconocimiento «de facto» del gobierno de Lobo por parte de la UE.
El eurodiputado Willy Meyer señaló que «el respeto al derecho internacional pasa por no reconocer ningun acto que proceda del golpe» de Estado en Honduras y por «el reconocimiento del presidente electo Zelaya».
El eurodiputado español Raúl Romeva consideró que el golpe de Estado en Honduras sienta «un precedente grave que tendrá repercusiones no solo en América Latina sino en todo el mundo» y, en ese sentido, lamentó que el Parlamento Europeo fuera incapaz de tomar una posición al respecto y de llevar a cabo un debate a fondo.
Bertha Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, denunció el asesinato de 47 personas a raíz del golpe de Estado. Señaló que «hay un interés real pero no legítimo de decir que vivimos en Honduras un nuevo momento, que tenemos que fortalecer nuestra democracia. ¿Pero de qué democracia nos hablan? Se nos está negando el acceso a la justicia y la posibilidad de aclarar los crímenes de lesa humanidad que se están comentiendo».
Oliva denunció que los órganos de justicia, la policía y la cúpula militar en funciones con el gobierno de Lobo «son los mismos que llevaron a cabo el golpe de Estado». «Están intactos», acusó.
El representante del Centro de Derechos de Mujeres, Víctor Fernández, demandó a la comunidad internacional, y en particular a la UE, «coherencia al condenar el golpe de Estado», ya que, señaló, «parece que con la instalación del nuevo gobierno todo vuelve a la normalidad», mientras que para la sociedad hondureña, abundó, «el golpe de Estado marcó un quiebre terrible del orden democrático», dado que «se vino al traste toda la ilusión planteada en torno a la resolución de conflictos por medio de la legalidad».
«Las instituciones de la UE están negociando un acuerdo con un gobierno ilegítimo», manifestó Romeva, quien agregó que de ese modo «nos vamos a encontrar que, cuando tengamos que negociar las claúsulas de derechos humanos dentro de esos acuerdos, éstas serán papel mojado más de lo que ya son ahora».
Annelie Andersson, de Aprodev, acusó que una semana después de la toma de posesión de Lobo, la Comisión Europea se reunió con los embajadores de Centroamérica en Bruselas y decidió reintegrar a Honduras a las negociaciones del acuerdo con la UE.
«¿Porqué tanta prisa? ¿Por qué no esperaron a los resultados de la Comisión de la Verdad? Se supone que el objetivo principal del acuerdo es el respeto a los derechos humanos y la democracia», expresó Andersson.
Finalmente, Martin Wolpold Bosien, de FIAN Internacional, realizó algunas recomendaciones. Entre otras, que la UE apoye con sus embajadas en Honduras el esclarecimiento de los hechos acontecidos el 28 de junio, que la Comisión de la Verdad respete los estándares internacionales mínimos que se han establecido en 30 casos similares en otras partes del mundo, y que se depuren las instituciones hondureñas de todos aquellos violadores de derechos humanos.
También el reconocimiento de la oposición como parte del proceso de reconciliación nacional, suspender la cooperación europea con Honduras y en particular en materia de seguridad, y darle prioridad a los derechos humanos sobre los intereses comerciales.