Rosenthal pretende despojar de tierras a Garifunas

En San Juan, comunidad garifuna de Tela, Atlántida, se pueden encontrar atractivos únicos como sus costas y su gente, quienes han sabido demostrar que no solamente saben bailar punta y cocinar pan de coco, sino que son patriotas auténticos y valientes al enfrentar uno de los empresarios más poderosos del país por defender su derecho a la tierra.

Jessica García, Presidenta Patronato De San Juan Tela, ha denunciado que el 14 de enero del presente año, los empleados de la empresa Promociones y Turismo (PROMOTUR) y sus guardias de seguridad, algunos de ellos encapuchados y con armas prohibidas por la ley, comenzaron a construir un muro de concreto con las intenciones de cercar el predio pretendido por dicha empresa.

La lideresa comunal explicó que los miembros de la comunidad contactaron de inmediato a Jany del Cid, Fiscal Especial para las Etnias y Patrimonio Cultural, informándola de la presencia e intenciones de los miembros de PROMOTUR, respondiendo de inmediato la Fiscalía de Tela, haciéndose presente en el lugar de los hechos, acompañados por los agentes de la Dirección General de Investigación Criminal.

Agregó, que con la intervención de los agentes, se encuentran detenidos tres individuos en el presidio de Tela, sin embargo, ese mismo día al retirarse las autoridades, los miembros de la comunidad fueron agredidos con armas de fuego por los encapuchados que no fueron capturados, dirigidos por el Señor Domingo Ayala, los cuales minutos después huyeron de la comunidad.

¿Quiénes son los invasores?
Aunque los representantes de PROMOTUR, propiedad del empresario Jaime Rosenthal, han alegado que poseen documentación que acredita su propiedad sobre los terrenos, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), ha difundido un comunicado donde da a conocer que los garífunas de San Juan, Tela se establecieron en la zona conocida conocidas como San Juan Nuevo desde el año 1911, las cuales hacen parte de las mil 775 hectáreas de tierra que han constituido el territorio ancestral de esta comunidad.

Según documenta la organización garifuna, el Instituto nacional Agrario, (INA), extendió en 1984 una garantía de ocupación, por lo que en 1997 comenzaron las persecuciones, encarcelamientos y atentados en contra de los miembros de la comunidad, con el propósito de desalojar alrededor de mil habitantes que están ubicados en esta zona.

Añade el comunicado que de forma curiosa en el mismo año se extraviaron estos documentos, sin que los esfuerzos de los dirigentes comunitarios por obtenerlo hayan sido positivos, sirviendo este percance como excusa para apropiarse de los terrenos.

También, OFRANEH ha hecho pública la denuncia sobre los hechos del 9 de noviembre del año pasado, donde le quemaron la casa de habitación a Wilfredo Guerrero, presidente del Comité de Defensa de la Tierra, quien además ha sido encarcelado en tres ocasiones a causa de este problema y quien ha recibido amenazas de muerte.

Mientras esto sucede, la Organización de Desarrollo Comunitario (ODECO), ha recibido muchas criticas, porque no ha asumido una posición de defensa y apoyo a la causa de los pobladores de la comunidad, por el contrario, han negociado altos puestos con el gobierno liberal.

Para los dirigentes de San Juan, si no se respetan los derechos comunales, el proyecto de la Bahía de Tela, se convertirá en un saqueo desmedido de empresarios nacionales y extranjeros que obtendrán grandes beneficios, empobreciendo aun más las comunidades garifunas de esta zona del país.

¿A beneficio de quien?
Proyecto de Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela, un proyecto millonario

Según se ha anunciado este proyecto permitirá inversiones públicas en infraestructura para visitantes en áreas protegidas como Bahía de Tela, los parques nacionales Jeannette Kawas, Punta Izopo y el Jardín Botánico de Lancetilla.

Se plantea también el abastecimiento de agua potable para las poblaciones de Miami y Tornabé, en Tela, así como electrificación, sistema de drenaje pluvial, sistema de disposición de desechos sólidos, en otras comunidades.

El costo estimado del programa es de 47 millones 850 mil dólares, de los cuales 35 millones serán financiados por el BID y el resto por el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), por el gobierno de Taiwán y una contrapartida nacional.

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