El 26 de abril de 1961, mediante decreto 91 el Congreso Nacional de la República, reconociendo que los sistemas de agua del país deberían ser manejados por una entidad central ante la deficiente administración que presentaban algunos municipios se optó vía decreto a la creación del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaa.
Entre los principales argumentos planteados en los Considerandos de la Ley Constitutiva del Sanaa establece lo siguiente: “Que los servicios de agua potable, aguas negras y pluviales no pueden resolverse desde un punto de vista local o municipal, sino nacional”. Cuarenta y siete años después se pretende retroceder y trasladar nuevamente los servicios a las municipalidades.
“Los problemas inherentes a la capacitación, conducción, purificación y distribución de las aguas, se resuelven eficazmente solo a través de un organismo dotado de los elementos indispensables, libre de interferencias extrañas y de la discontinuidad de programas y personal técnico que algunas veces se producen por cambios en la administración pública”. Otro de los problemas encontrados en los años 60 fue la mala administración que las municipalidades le daban a los recursos provenientes de la prestación del servicio de agua y alcantarillado.
No es un argumento sacado de la manga de la camisa, ya en aquellos años se observaba. El Considerando noveno de la Ley Constitutiva del Sanaa puntualiza:
fondos obtenidos por los municipios por concepto del servicio del agua y alcantarillado, la mayor parte era invertida en otras actividades y solo sumas pequeñas se habían dedicado al mejoramiento y ampliación de estos sistemas, los cuales una vez que se han deteriorado proporcionan un servicio muy deficiente, obligando a las municipalidades a recurrir de nuevo al Gobierno en demanda de auxilio”.
Contrario al paso dado en 1961 ahora se pretende que los sistemas vuelvan a las municipalidades quienes en caso de no poder manejarlos optarán por cederlos a empresas privadas. Las malas intenciones políticas gubernamentales han contribuido al deterioro del Sanaa como excusa para ceder los sistemas de agua a las transnacionales.
Le deben 245 millones
Aproximadamente 245 millones de Lempiras es lo que los diferentes sectores comerciales, industriales, patronatos, los clientes directos y el gobierno le adeudan al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaa en Tegucigalpa, pese a recibir el servicio de agua potable diariamente. La mora de los usuarios directos asciende a 90 millones de lempiras, la comercial es de 28 millones de lempiras, la industrial es de 9 millones de lempiras, y los 110 patronatos de las juntas de agua le deben 3.5 millones de lempiras. El sector que presenta mayor morosidad es el Gobierno, con 105 millones de lempiras y la Alcaldía Municipal capitalina, que debe 70 millones de lempiras, por lo que sumadas ambas cantidades, el gobierno debe en total 175 millones de lempiras al Sanaa.