Soborno y secuestro para ganar juicios

Standar no acepta ley ni centencias
La Ley 364 aprobada en el 2000 facilita los juicios y protege a los trabajadores afectados por el Nemagón, quienes aprovechando la misma desde el 2001 presentaron varias demandas.

Las empresas, el gobierno nicaragüense y el estadounidense han intentado varias veces detener las acciones de los trabajadores. En septiembre de 2002, se intentó derogar la Ley 364 mediante una maniobra política que inició en la embajada de Estados Unidos e involucró varias dependencias del gobierno nicaragüense. La artimaña fue parada por la presión de los afectados, el escándalo en los medios de comunicación y la solidaridad internacional.

Tres meses después, en diciembre de 2002, la justicia nicaragüense dictó la primera sentencia en el marco de la ley 364. Las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company y Dole Food Company, debían abonar 489 millones de dólares, a 466 trabajadores de los 5 mil que habían presentado demanda. Esta sentencia, sin embargo, aún transita por tribunales de Estados Unidos en procura de una ejecución concreta. Como las empresas no están en Nicaragua, no se les puede intervenir ni embargar.

La sentencia de diciembre de 2002 en Nicaragua, siguió el canal legal necesario hasta Estados Unidos, pero en octubre de 2003 no es admitida por la jueza Nora M. Manella, de la Corte del Distrito Central de California. El argumento fue defectos de forma, porque la Dole Food Company Inc. no fue demandada correctamente, ya que técnicamente no existe, al denominarse en Estados Unidos Dole Food Company Inc. y no Corporation, como decía la demanda.

Aprovechando esta decisión las multinacionales iniciaron un proceso de demandas contra los afectados, acusándolos entre otras cosas de presentar pruebas fraudulentas.

En el 2004 se da un nuevo fallo a favor de 81 mujeres afectadas por el nemagón que les provocó cáncer de útero y otras enfermedades. Según el fallo La jueza nicaragüense Vida Benavente, las transnacionales Shell, fabricante del Nemagón, y Standard, responsable de su aplicación, deberán pagar 82 millones de dólares a las trabajadoras.
Otros seis procesos judiciales similares se encuentran pendientes de resolución.

Hasta la fecha, ninguno de los afectados ha visto un solo centavo y las demandas interpuestas alcanzan ya los 17.000 millones de dólares.

Soborno y secuestro para ganar juicios

La presion de los Dólares
Un técnico médico de Chinandega en noviembre de 2003 denunció ante el Ministerio Público una conspiración de abogados y personal de las compañías transnacionales demandadas, quienes supuestamente lo secuestraron y amenazaron para declarar en cortes de Estados Unidos contra la demanda de los afectados por el Nemagón.

Bayardo José Barrios Velásquez, propietario del laboratorio clínico Barrios en Chinandega, Nicaragua, donde los afectados del Nemagón se han realizado exámenes médicos para presentarlos en las demandas, denunció que fue secuestrado y llevado en el mes de julio de 2003 a Honduras bajo amenazas y presiones. Allá lo hicieron firmar un documento en el que se confirmaba la falsificación de los resultados de análisis de varias personas para hacerlas aparecer como afectadas por el Nemagón.

Barrios asegura que fue secuestrado por un mexicano-americano llamado Joseph Q. Carrera quien se identificó como trabajador para un centro de investigaciones llamado Control Risks Group y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); y su supuesta esposa María Elena quien se presentó como agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

Según Barrios, estas personas junto a un conocido de nombre Eduardo Altamirano Zapata, lo llevaron bajo presión al hotel Honduras Maya en Tegucigalpa donde se entrevistó con el apoderado legal de la Dole Fresch Fruit Company en Nicaragua, Fernando Medina Montiel.

De acuerdo con la denuncia, los abogados de la compañía le prepararon una carta donde confesaba la falsificación de los análisis, la cual asegura que firmó a cambio de la promesa de 30 mil dólares. Luego fue llevado a Costa Rica y Dallas, Estados Unidos, donde recibió instrucciones para declarar en una Corte de California, para cerrar el caso a favor de las transnacionales. De Dallas Barrios huyó a Nicaragua, donde se escondió varios días hasta que fue llamado a los Juzgados a declarar contra los afectados.

Barrios solicitó a la Fiscalía investigar por los delitos de secuestro, amenazas y coacción a Fernando Medina Montiel, Joseph Q. Carreras, Eduardo Altamirano Zapata y Sandra Ordóñez Pérez. La fiscalía ordenó la conformación de un equipo especial para investigar la denuncia, pues recibieron información de amenazas de muerte y chantajes en contra de algunas personas involucradas en el caso.

Transnacionales pagaron
Fernando Montiel atribuyó a la imaginación las declaraciones de Barrios, aunque reconoció que Dole pagó los viajes del médico a Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Reconoció que se reunió con él en Costa Rica y Honduras, quien declaró durante diez horas, pero “sin amenazas”.

Montiel dice que Barrios estuvo en Dallas y que huyó de allá sin motivos aparentes, aunque negó que haya estado secuestrado. El abogado dijo desconocer a las personas señaladas por Barrios como testigos, y sostiene que Barrios sabe que se han alterado exámenes médicos de los afectados para presentarlos en las demandas.

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