Desde hace varios años el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como ALCA. Este es el nombre que se le da al proceso de expansión hacia todo el Continente Americano (con la excepción de Cuba) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México.
El ALCA se anunció en la Cumbre de Presidentes del Continente en Miami, en 1994. En la última Cumbre, realizada en Canadá en el 2001, se acordó concluir el acuerdo en el año 2005.
A través del ALCA se busca liberalizar el comercio de bienes y servicios mediante la supresión de impuestos a las importaciones. También se eliminarían las regulaciones estatales o municipales a las compañías privadas en todo lo relacionado a las transacciones comerciales y a la inversión directa. El “libre comercio” consistiría en que las mercancías y capitales se desplazarían sin restricciones en los países del Continente.
Las grandes empresas de Estados Unidos podrán instalarse en los demás países americanos y participar en las licitaciones de bienes y servicios gubernamentales, es decir, se apropiarían de los servicios públicos, como el agua, la salud, la educación y otros, los cuales quedarían reducidos a simples mercancías.
También se les facilitaría sacar del país todas las ganancias que obtengan, patentar productos (propiedad intelectual) y apropiarse de los recursos naturales de la región. Otra ventaja para las empresas sería la creación de tribunales privados que resuelvan las controversias con los estados nacionales, tribunales que operan en secreto y responden a los intereses de los poderosos grupos empresariales.
En otras palabras, las empresas se colocarían por encima de las legislaciones nacionales, al tener la facultad de demandar a los estados si aplican políticas que afecten sus ganancias. El ALCA, por lo tanto, es un atropello a la soberanía de los estados latinoamericanos y caribeños.
El interés de Estados Unidos con esta estrategia de integración es absorber los mercados latinoamericanos, donde abundan la mano de obra barata y los recursos naturales, y ampliar su hegemonía para enfrentar los bloques comerciales europeos y asiáticos. Los países de América Latina serían exclusivos productores de materias primas y elaboradores de productos maquileros, como ha ocurrido con México, donde proliferan las zonas francas y donde las industrias están perdiendo su base nacional.
TLC con Centroamérica
A la par del ALCA, Estados Unidos promueve la firma de un TLC con Centroamérica, para avanzar hacia la gran zona de libre comercio continental. En enero del 2003, se iniciaron las negociaciones con los países centroamericanos, cuyos gobiernos ven en la integración con Estados Unidos una posibilidad de aumentar sus exportaciones, logrando su aprobación en Honduras, a inicios de este año.
El TLC con Estados Unidos afectará aún más a la agricultura de la región, carente de crédito y de apoyo gubernamental e incapaz de sobrevivir en la competencia con productos norteamericanos subsidiados. También hay riesgos para muchas pequeñas y medianas empresas manufactureras, cuyas posibilidades de competencia son mínimas.
Plan Puebla Panamá
Como parte de la estrategia de integración de Estados Unidos, se viene ejecutando el Plan Puebla Panamá (PPP), que contempla, principalmente, proyectos de infraestructura y de generación de empleo en empresas maquiladoras en toda la región que abarca desde el Estado de Puebla (México) hasta la República de Panamá. De los 4 mil millones del dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo invertirá en los próximos cinco años en Centroamérica, en el marco del PPP, el 96.6 po ciento se destinará a infraestructura vial e interconexión energética y el 3.4% restante al comercio, desarrollo humano y desarrollo sustentable.
La infraestructura ayudaría a las empresas transnacionales a articular mercados y a darle salida a sus productos. Mediante un sistema integrado de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo, se vincularían los centros de abastecimiento de materias primas con los centros de exportación, para facilitar la producción y el comercio.
Mediante el PPP, se procura desarrollar un sector exportador sustentado en las maquilas y el turismo, a partir de la mano de obra barata de la zona. También se pretende expropiar a muchos campesinos e indígenas, mediante la titulación de las tierras para facilitar su venta y romper la economía colectiva y el ahogamiento financiero.
El PPP constituye para la gran empresa, la oportunidad de articular mercados regionales y lograr una inserción ventajosa y competitiva en la economía mundial. Alrededor de las carreteras construidas en el marco del PPP se montarán empresas maquiladoras que movilizarán rápidamente las materias primas y despacharán los productos hacia los puertos para su posterior envío hacia el exterior.
A las maquilas iría a trabajar una buena parte de la población rural. Si el TLC con Estados Unidos significa una mayor ruina de la agricultura, el PPP es la “oportunidad” para que muchos pequeños y pequeñas productoras del campo trabajen en empresas maquiladoras.
Para lograr competitividad, la empresa privada de la región intentará reducir el costo de la mano de obra a través de la flexibilización del mercado laboral: liberalización de los salarios y no pagó de horas extras mediante contratos de trabajo semanales y/o por metas de producción.
Con las actuales políticas económicas, las economías de la región disminuirán sus bases productivas agrícolas e industriales y aumentarán la dependencia externa en la dotación de insumos y alimentos. Si la apertura comercial iniciada con los programas de ajuste afectó a la agricultura, esta nueva fase, en las que predominan los TLC y las inversiones en infraestructura y corredores industriales maquileros, significará la liquidación de muchos rubros agrícolas y de áreas importantes de la industria nacional.
Al cabo de una década, Centroamérica sería una región abarrotada de empresas maquileras y más dependiente de las importaciones agrícolas para alimentar a su población.
El PPP en Honduras
Desde que se anunció la construcción de la represa El Tigre en territorio fronterizo de Honduras y El Salvador, se han desarrollado reiteradas protestas por parte de las comunidades que plantearon recientemente en una declaratoria binacional su rechazo al megaproyecto y la integración de un frente único de lucha.
El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ha denunciado que la formación de unos setenta kilómetros cuadrados de embalse, destruirá el hábitat de las comunidades por los efectos negativos sobre todos los afluentes del río Lempa, que atraviesa la frontera entre los dos países y que representará solo para Honduras, un desplazamiento de 20 mil personas.
Por su parte la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), ha divulgado un comunicado donde señala que el Banco Interamericano de Desarrollo esta concediendo un préstamo por 35 millones de dólares al gobierno hondureño, para la infraestructura relacionada con la Estrategia del Programa de Turismo Sostenible de Honduras, el que incluye el discutido Aeropuerto de Piedras Amarillas y el proyecto de Laguna de Micos.
La construcción del Aeropuerto de Piedras Amarillas ha sido fuertemente criticado dada la cercanía de ruinas arqueológicas que puedan ser
afectadas tanto con la construcción de la pista, como con el aterrizaje de areonaves. Mientras el relleno de Laguna de Micos viola el Convenio RAMSAR, incrementando la fragilidad ecológica de la zona.
Para la OFRANEH,los rectores de las políticas de desarrollo deben
considerar los impactos ambientales que causan con sus proyectos, sin
anteponer los supuestos beneficios económicos a un manejo adecuado
del medio ambiente.