Un conflicto agrario demanda una resolución agraria

Las tierras que han dado origen a los hechos sangrientos del domingo pasado, se sitúan en la aldea de Silín, municipio de Trujillo, propiamente en el lugar que ocupó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a comienzos de la década de los ochentas. Este territorio sirvió de base de entrenamiento a tropas militares de los Estados Unidos, hondureñas, salvadoreñas y tropas irregulares conocidas en su tiempo como la contra nicaragüense.

Estas 5,700 hectáreas de tierra, habían sido compradas al Estado por un siniestro personaje norteamericano-portorriqueño, Temístocles Ramírez, en 1977, en violación de la Constitución de la República la cual, en su artículo 107, establece que ningún extranjero puede comprar tierras a menos de 40 kilómetros de las costas. Además de adquirirlas, este personaje vendió de nuevo las tierras al Estado de Honduras para que en ellas se instalara el Crem. Una vez que se suspendieron las actividades militares, Temístocles Ramírez demandó al Estado una indemnización millonaria por dichas propiedades.

En 1991, el gobierno de los Estados Unidos obligó al Estado hondureño el pago de cerca de veinte mil dólares en concepto de indemnización al mencionado personaje extranjero, dinero que se pagó en concepto de deuda externa a los Estados Unidos. Las tierras quedaron entonces bajo la propiedad del Estado hondureño, y por consiguiente, sujetas de reforma agraria, es decir, para que el INA dispusiera de ellas para entregarlas a grupos campesinos organizados. Sin ser tierras ejidales, la municipalidad de Trujillo, vendió ilegalmente en 1991, las tierras del Estado a un grupo de terratenientes, casi todos, políticos de oficio o funcionarios públicos. Los campesinos organizados demandaron las tierras, y el Estado hondureño reconoció la ilegalidad de la venta, y procedió a finales de la década de los noventas a indemnizar a los terratenientes para proceder a la entrega de las tierras para procesos de reforma agraria.

El Estado pagó la indemnización, pero los terratenientes no estuvieron conformes, y continuaron en posesión ilegal las tierras. Últimamente, y a raíz de la presión del Movimiento Campesino del Aguán, ubicado en la comunidad agraria “Guadalupe Carney”, el Congreso aprobó una resolución para la expropiación de las tierras. Sin embargo, ni los terratenientes entregaron las tierras ni el INA procedió a la expropiación. El 11 de junio del año en curso, el dirigente campesino Irene Ramírez fue asesinado presuntamente por sicarios pagados por uno de los terratenientes, lo que obligó al Movimiento Campesino del Aguán a redoblar su posición en demanda de las tierras que, por ley, les pertenecen.

En ese marco, es en el que se inscribe el hecho sangriento del 3 de agosto que hoy lamentamos. Las informaciones que se están transmitiendo en diversos medios de comunicación buscan insistir en un conflicto estrictamente armado y quieren identificar a los campesinos como los únicos responsables de los hechos sangrientos. No obstante, la realidad es inobjetable: el conflicto violento tiene su origen en un conflicto agrario que hace muchos años se pudo resolver si el Estado hubiese procedido con prontitud y apegado a las leyes del país.

En este momento, existe una tendencia perversa de querer atizar por la vía militar y de seguridad policial lo que sólo se puede resolver por la vía agraria. Todas las medidas que se puedan tomar, han de estar subordinadas a la única medida que salvará a la región del Aguán de más baños de sangre: que la tierra, sin retraso y sin excusa y en apego a la ley, sea entregada a las familias organizadas en el Movimiento Campesino del Aguán.

Prensa Radio Progreso

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