El 10 de septiembre de 2008, dos agentes de investigación que realizaban espionaje y levantamiento de perfiles, fueron aprehendidos por miembros del sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), en el interior de la primera casa de estudios.
A los agentes encubiertos se les decomisaron sus armas, chapas de reglamento y un listado que contenía los nombres de 135 dirigentes y dirigentas del movimiento social hondureño.
En ese listado apareció tachado el nombre de la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) Altagracia Fuentes, quien murió acribillada a balazos por hombres encapuchados fuertemente armados que interceptaron el vehículo en que se conducía junto a dos acompañantes más, que también fallecieron el 23 de abril de 2008.
En esta ocasión será la propia DNIC la encargada de hacerlo y no sería extraño que se les acrediten delitos comunes para enviarlos a la cárcel, todo con el firme propósito de desbaratar el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, del cual el Ministro de Seguridad Oscar Álvarez, señaló que no tiene razón de ser y por lo tanto debe desmantelarse.
Esto serviría para encubrir la persecución política contra los miembros y miembras de la resistencia, de cara a la presión internacional para que el régimen de Porfirio Lobo Sosa detenga estas acciones que van en detrimento de los derechos humanos y de un clima de reconciliación que éste tanto pregona para lograr su reconocimiento.
La fuente reservada que brindó la información señaló que ya el trabajo está iniciado, la dedicación de la DNIC es a tiempo completo, para tratar por todos los medios posibles echar abajo un proyecto popular que se ha consolidado a pesar de la represión.
La represión por todos los medios coincide asimismo con una consulta popular programada desde el FNRP para el próximo 28 de junio, a un año de la ejecución del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. El camino continuará hacia una Asamblea Nacional Constituyente, la única forma de restituir la institucionalidad del país.