Zelaya agregó que, quien pretenda ignorar ese hecho, basta que “verifique todas las manifestaciones públicas y sus actos [de Estados Unidos]”, para darse cuenta que “contrario” a lo que ellos manifiestan, “no se ha dado, un solo paso, hacia la restauración de la democracia y los derechos plenos de nuestro pueblo”.
Como indicadores de que Los Estados Unidos conducen al régimen de Porfirio Lobo, Zelaya reseña que fue aprobada una amnistía que estaba “dedicada a los golpistas”.
Y que, el Régimen organizó, en forma “unilateral”, una Comisión de la verdad gubernamental integrada por “ciertas” personas que se han manifestado a favor del golpe de Estado, y que excluyó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos –al contrario de lo previsto por códigos ONU de justicia transicional-.
Evidenció, además, que tanto él mismo, como decenas de hondureños, continúan en el exilio. Lo que definió como “una tortura para quien lo sufre y sus familias, estamos obligados al desarraigo de todo lo que tiene profundo significado en la vida de una persona: la tierra, la gente, la luz, la Patria”.
Pruebas suficientes de que el Departamento de Estado tenía información.
Zelaya argumentó que aunque el propio Departamento de Estado de Los Estados Unidos sigue negando haber participado en el Golpe, eso no quiere decir que no estuviera “plenamente informado” de lo que entonces ocurría en Honduras.
Aseguró que, entre otras cosas, el Departamento de Estado sabe que el Comando Sur que controla la base de Palmerola, donde hizo la primera escala el avión militar que lo “sacó secuestrado” a Costa Rica, “estaba asociado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), conspirando con los militares y dos poderes del Estado para derrocar al poder Ejecutivo y dar el Golpe”.
El Departamento de Estado las llama “elecciones justas, participativas y democráticas”.
Zelaya añadió que también otro hecho es que, desde noviembre de 2009, el Senador, Jim Dmint, anunció oficialmente, junto al Departamento de Estado de Los Estados Unidos, que “brindaría su apoyo al régimen del Dictador Micheletti, y así llevar a cabo elecciones bajo represión, tipo Afganistán e Irak”.
Reafirmó que las elecciones en Honduras fueron realizadas con continuos estados de sitio, persecución a los opositores, hubo asesinatos, torturas, se cancelaron medios de comunicación, y se practicaron métodos de “terrorismo de estado” contra los opositores.
Y concluye que esas acciones del Departamento de Estado y de Dmint, fueron realizadas “Todo para permitir al sucedáneo del dictador, hoy el régimen del Presidente Lobo Sosa, tomara el poder con la asistencia de menos del treinta 30 por ciento del censo electoral”.
Mientras, él -presidente legitimo, con todo el reconocimiento internacional, “defendía la democracia”, era “sometido a toda clase de torturas y vejámenes por 5 largos meses, cercado por los militares en la sede diplomática de Brasil, que me dio refugio y me salvo la vida”, contrastó Zelaya.
A este tipo de elecciones es que el Departamento de Estado llama “justas, participativas y democráticas”, ironizó.
A tales hechos, Zelaya agregó que, el embajador estadunidense en Honduras, Hugo Llorens, “promueve a sangres y fuego se proteja quienes dirigen el golpe de Estado; y “al guardar silencio cómplice sobre la impunidad y los privilegios a los golpistas, se opone a mi retorno”.
Desde los órganos del Estado, por su parte, “Hacen todo lo posible para impedir mi retorno. A través de demandas judiciales que formuló e interpuso en mi contra, el régimen de facto de Micheletti, y que ha continuado Lobo Sosa, en que según nuestra Constitución, debían ser anuladas”, refutó Zelaya.