Hugger de Honduras, propiedad de Donaldo Reyes Villeda, hijo del diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar, cerró operaciones el pasado 19 de enero sin cumplir con el pago de las prestaciones sociales de 1200 trabajadores (as). La empresa dejó los bienes para que los operarios puedan recuperar parte de sus derechos laborales.
Hasta hoy, los obreros no tienen cliente para la maquinaria y el quipo de oficina, tampoco poseen un lugar a donde llevarlo. Sin embargo, una nota enviada por Gerardo Hernández, gerente de recursos humanos de Zip San José, ordena el desalojo de las instalaciones y otorga plazo hasta el jueves 30 de abril. “A partir del 1 de mayo iniciaremos el cobro de renta por almacenaje de las máquinas y equipos referidos”, detalla la comunicación, dirigida a los trabajadores Gina Cano y Abel Carrasco, el 27 de abril.
Cierre
El siete de diciembre del año pasado, los trabajadores salieron de vacaciones y regresaron a trabajar el cinco de enero, fecha en que se les informó que no había trabajo debido a que estaban negociando contratos con una empresa canadiense y que regresaran el 19 de enero de ese mes.
El 19 de enero los operarios regresaron con ansias de trabajar. No obstante, los ejecutivos de la empresa solicitaron a los obreros tregua de un mes mientras arreglaban los contratos de trabajo, los trabajadores no aceptaron la propuesta, razón por la cual sus jefes notificaron la cancelación de contratos y entregaron la maquinaria, el equipo de oficina y dos vehículos en calidad de prestaciones sociales.
Los bienes fueron valorados en 6 millones de lempiras, mientras el total de las prestaciones sociales puntea 40 millones de lempiras. Es decir, los obreros únicamente podrían recuperar el 15 % de sus derechos, pues a los trabajadores también les adeudan una semana de rezago laborada sin haber recibido su pago.
Al ser oficializado el cierre de la fábrica, los trabajadores acudieron a las oficinas del Ministerio del Trabajo para realizar el cálculo de prestaciones, luego contrataron los servicios profesionales de los abogados German Amador, Salvador Espinoza, Eustaquio Sabillón y Julio Wong, para que los representen en las diligencias pertinentes.
Según los operarios, el grupo de abogados busca demandar a las marcas con que trabajaba la empresa para que respondan solidariamente y de esa manera obtener el 100% de sus derechos laborales.
Hugger de Honduras operaba bajo dos sistemas: la jornada normal que entraba a las 7.30 de la mañana para salir a las 5.00 de la tarde y el turno 4×4 que trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Aunque los obreros fueron obligados a trabajar tiempo extraordinario, jamás recibieron el pago de horas extras, según se informó.
Gobierno
La historia demuestra que en Honduras los empresarios siempre han irrespetado los derechos laborales sin que el Estado cumpla con su verdadero papel de tutelarlos, cifras de organizaciones defensoras de los trabajadores, revelan centenares de millones de lempiras que los trabajadores sobre todo del sector de la maquila han perdido cuando las fábricas cierran y sus propietarios no cumplen la ley.
Gobiernos liberales y nacionalistas han demostrado desinterés porque se cumpla el derecho laboral. En marzo del 2003, la Coordinadora de Protección Laboral, en un acto público realizado en los bajos del Congreso Nacional, entregó al entonces Presidente del Poder Legislativo, Porfirio Lobo Sosa, un proyecto de ley para proteger las prestaciones en maquilas.
La iniciativa contiene una clausula que permite exigir a los empresarios que se instalen en el país el depósito de una cuantía a favor del Estado, que garantice el pago de las prestaciones de los trabajadores (as) en casos de cierre de la empresa.
Aunque el hoy presidenciable Porfirio Lobo Sosa se comprometió a presentarlo y discutirlo en la Cámara Legislativa, el proyecto fue engavetado y permite que empresarios como Donaldo Reyes, a pesar de todos los beneficios que reciben, sigan burlándose del derecho de los trabajadores.
Mientras en Honduras se mantenga el bipartidismo, no será fácil la aprobación de una ley que beneficie a los trabajadores de la maquila. La mayoría de los empresarios forman parte de los partidos tradicionales y ocupan importantes cargos en el gobierno, otros son diputados del Congreso Nacional y la mayoría financia campañas políticas en diferentes cargos de elección popular.
Comunicación Comunitaria (COMUN)
Miércoles 29 de abril 2009