En la incursión militar murieron de múltiples heridas provocadas por proyectiles de grueso calibre, Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas),el niño Hasked Brooks Wood (14) y el joven Emerson Martínez (22).
Asimismo un niño, un joven y una mujer quedaron lisiados, tres mujeres, cuatro niños y dos hombres sobrevivieron al brutal ataque y nueve niños y jóvenes quedaron huérfanos en condiciones precarias de subsistencia.
El Estado a través de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, lejos de apoyar a las familias víctimas del ataque militar y policial, les engañó burlándose del dolor y las necesidades en situación de emergencia,porque luego de atender a los familiares y hacer ofrecimientos de apoyo e investigación, se llamó al silencio.
Esta secretaría no se ha hecho cargo de las necesidades básicas de los niños y niñas que quedaron huérfanos.
Entre los heridos de gravedad que se encuentran en rehabilitación por gestiones del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se encuentra el niño de 15 años, Wilmer Lucas Walter. El ataque dañó severamente su mano izquierda, Walter también perdió sus estudios en la escuela.
Asimismo por esfuerzo propio de sus familias y por gestiones del COFADEH, en este momento el niño Wilmer Walter Lucas está a la espera de una cirugía reconstructiva que deberá ser realizada por un médico especialista de mano, con el que no cuentan los hospitales del Estado.
De igual forma, el joven Lucio Nelson fue sometido a una larga recuperación por las heridas provocadas por proyectiles de ametralladora recibidas en la espalda y su brazo derecho que lo dejaron imposibilitado para trabajar.
Entre tanto otra víctima sobreviviente la señora Hilda Lezama que recibió disparos de grueso calibre en sus dos piernas, se restableció aunque camina con dificultad.
Su familia costeó el tratamiento de emergencia en un centro hospitalario privado, pero no pudo continuar con el proceso de injertos de piel para sus piernas, ya que se agotaron los recursos con que contaban y que fueron acumulados por años de trabajo.
El ataque de Ahuas dejó a Hilda Lezama sin la fuente de generación de ingresos para su familia, ya que el pipante que fue tiroteado por helicópteros de la DEA y que fue dañado por las ráfagas de disparos, era de su propiedad.
En el plano jurídico nacional las investigaciones se encuentran en un punto muerto, en el expediente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) que representa legalmente a las víctimas, no ha tenido acceso a las comunicaciones establecidas entre el gobierno de Estados Unidos y el Ministerio Público.
No hay diligencia en las investigaciones y no existen requerimientos fiscales en contra de los responsables de los ataques tanto nacionales como extranjeros, que en este caso se trata de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Trasciende que el Estado pretende resarcir los daños a las víctimas del ataque, pero el COFADEH propone que debe hacerse una reparación integral analizada por expertos en el tema y en consonancia con los estándares internacionales que rigen este tipo de resarcimiento, especialmente cuando ocurre en un escenario de militarización con graves consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos.
Comunicación entre Fiscalía y Departamento de Estado
En diciembre de 2012, el Fiscal General Luis Alberto Rubí, según oficio número FGR No. 222-09-2012, envío un informe a la Subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero, apoyado en un expediente supuestamente investigativo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
El informe detalla que en la operación, en la que trata de deslindar responsabilidades de los Estados Unidos, participaron los policías preventivos de las Fuerzas Armadas de Honduras Noel Andrés Hernández, Geovany Barahona Cruz, Santos Pablo Cruz Núñez, Eykel Boanerges Valladares, Selvin Emir Espinoza Lagos, Adrián Sánchez Hernández, José Manuel Cáceres, Dunior Leonardo Medina Matute, Oscar Linson Roney Ávila Suárez, Luís Alfredo Valladares Cedillo, Elmer Alexander García Marín, Alexander Ramón Robelo Salgado y Wilson Adil Villalobos Valladares, de la Policía Nacional.
En la comunicación remitida por el Fiscal General, el funcionario explica a María Otero que al tener conocimiento del sobrevuelo de una pequeña aeronave que al parecer transportaba drogas procedentes de Suramérica en territorio de la mosquitia, los Equipos de Respuesta Táctica (Team Response Tactical TRT) se desplazaron al municipio de Ahúas en 4 helicópteros provistos de ametralladoras M240 calibre 7.62 X 51 mm.
El Fiscal General Luis Alberto Rubí apuntó que la conformación de los equipos TRT estuvo integrada por 10 miembros del Grupo FAST de la DEA (de los cuales no consignó los nombres ni rangos de los militares extranjeros), 13 miembros del equipo Especial Antinarcóticos de Honduras, 6 artilleros que operan las ametralladoras tanto de la policía como del ejército y 8 pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
Con el propósito de esconder la participación de agentes de la DEA en los hechos acontecidos en Ahúas, el entonces canciller de la República, Arturo Corrales Alvarez (ahora ministro de seguridad y comisionado presidencial de defensa y seguridad) manifestó el 01 de junio de 2012 que la llegada de la DEA al país “no es reciente, pero no está en acciones que no hayan sido plenamente identificadas a través de un protocolo de cooperación entre Estados Unidos y Honduras”
El canciller aseguró que la labor de los agentes de la DEA estaba definida así “desde el momento en que el operativo fue diseñado”, y subrayó que las fuerzas de seguridad hondureñas que viajaban en el helicóptero dispararon en respuesta a un ataque desde la embarcación.
“Ellos no abrieron fuego, sino que contestaron el fuego una vez que fueron atacados”, afirmó Corrales. “La operación estaba diseñada para que sean las autoridades hondureñas las que, en caso de ocurrir eso, respondan”.
Por su parte Lisa Kubiske, Embajadora de Estados unidos en Honduras, señaló el 01 de junio de 2012 que “se trata de una tragedia, pero en este caso, según lo que yo entiendo, estaban actuando en autodefensa y ese es su deber, porque la lucha contra la droga es importante”.
Sin embargo el Ministro de Defensa Marlon Pascua señaló a pocas horas de sucedidos los hechos en el diario digital proceso.hn, que “esta no es una operación de las Fuerzas Armadas, no es coordinada por las Fuerzas Armadas, creo que es importante que esto se reconozca de una vez por todas, no es algo que nosotros hemos dirigido o hemos coordinado”, aclaró.
El 5 de julio de 2012 el periodista italiano Giorgio Trucci publicó una nota periodística que fue reproducida por el periódico digital defensoresenlinea.com, titulada “Mosquitia hondureña: “dejen de estar lavando la masacre y pidan perdón, dice defensora de ddhh”.
En un fragmento de la noticia se destaca: “Ha habido incidentes de defensa, de nuestros policías y de la Dea con personas que andaban transportando droga, eso es lo que ha habido, llamémosle al pan, pan; y al vino, vino”, declaró Arturo Corrales al diario Tiempo.
El pasado 11 de mayo un operativo conjunto de agentes del Fast (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos – Emerson Martínez Henríquez (21 años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años) – y por lo menos 4 heridos de gravedad. Juana Jackson y Candelaria Pratt tenían cinco meses de embarazo.
“Estas declaraciones nos dejan perplejas. Están mintiendo y yo reto a todas estas instituciones que actuaron en contra de la vida de las personas a que sean valientes. Que admitan que se equivocaron, que dispararon en contra de una población civil que no tiene vínculos con el narcotráfico, que no sigan justificando la muerte de mujeres embarazadas y niños”, manifestó Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH, resalta la nota escrita por el periodista Giorgio Trucci.
Las víctimas murieron acribilladas
El 21 y 22 de julio de 2012 el Ministerio Público realizó exhumaciones intempestivas en 3 lugares del departamento de Gracias a Dios en donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas por sus familiares. Las exhumaciones fueron practicadas sin la presencia de los representantes legales de las víctimas, no se observó ningún protocolo para llevarlas a cabo de manera imparcial, pero sí contó con la presencia de un ciudadano estadounidense que no se precisó si era agente de la DEA o de la embajada de Estados Unidos en Honduras. Al respecto se cuenta con un video de la presencia de dicho personaje.
En el reporte enviado por la Fiscalía a María Otero se da a conocer que producto de las exhumaciones practicadas por forenses del Ministerio Público, todos los cuerpos tenían heridas producidas por proyectiles de armas de fuego de uso militar.
Congresistas estadounidenses demandan explicaciones
A finales de enero de 2013 en Washington, Estados Unidos, el representante Hank Johnson y 57 colegas mandaron una carta al Secretario de Estado, John Kerry y al Fiscal General Eric Holder pidiendo una investigación sobre supuestos abusos por fuerzas de seguridad hondureñas y el posible papel jugado por agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) en un incidente que resultó en la trágica muerte de cuatro indígenas en el Río Patuca en el noreste de Honduras.
Este 11 de mayo se cumple un año del brutal ataque que cegó la vida de cuatro indígenas miskitos, cuyos familiares y 9 niños y niñas que quedaron huérfanos, están en total abandono por parte de las autoridades del Gobierno de Honduras.
Tomado: defensores en linea
10/05/2013