Urgen cambios en el sistema de seguridad y justicia

La Coalición contra la Impunidad, organización conformada por diversas instituciones sociales del país, pidió al gobierno de la republica agilizar la remoción de los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Para ellos es urgente el nombramiento de personas capaces e independientes que vengan a impulsar la verdadera depuración en la Policía Nacional.

En tal sentido demandaron cambios profundos y urgentes que incluyan a los altos mandos de la Policía Nacional.
Además pidieron una verdadera política de seguridad consensuada y participativa donde los cambios no se limiten al traslado de personas a otros cargos.

DEFICIENCIA ABSOLUTA

De acuerdo a la coalición, las recientes comparecencias de los operadores de justicia ante el pleno del Congreso Nacional evidenciaron incapacidad de los funcionarios e ineficacia absoluta de todas estas instituciones.

Según ellos, esta situación fomenta la impunidad y atenta contra el Estado de Derecho.

A través de un comunicado firmado por al menos 18 organizaciones sociales, la coalición deja claro que la deficiencia e incapacidad demostrada por los funcionarios ha sido generada por el control político partidario que se ejerce desde el Congreso Nacional.

Para ellos, el Congreso nombra funcionarios del sistema de justicia a través del repartimiento de cuotas sin tomar en consideración la capacidad e idoneidad de las personas.

“Los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo no obedecen a criterios de capacidad sino de afinidad política”, afirma la coalición.

Además revela que el nombramiento de Arturo Corrales, como Comisionado de Defensa y Seguridad, implica el retorno a la militarización de la policía, situación que se evidencia con la designación de militares retirados como viceministros de la Secretaría de Seguridad.

Esta coalición también ha manifestado su confianza en la Comisión Interventora del Ministerio Público a quienes pide ser conscientes de su responsabilidad histórica.

El artículo 4 del Decreto de Intervención otorga a la Comisión Interventora las funciones y atribuciones suficientes para depurar y reorientar el Ministerio Público.

¿QUE PASA CON LA CSJ?

Con relación a la Corte Suprema de Justicia la coalición también ha manifestado su preocupación por que hasta hoy las autoridades no han tomado decisiones que conlleven a una reestructuración del poder judicial.

La coalición contra la impunidad señala que la Corte Suprema de Justicia también presenta altos niveles de corrupción.

Por tal razón recomendaron la integración del Consejo de la Judicatura y la derogación de disposiciones que le otorgan facultades extraordinarias y exclusivas al Presidente de ese poder del Estado.

Asimismo exhortan a reformas constitucionales para evitar que los magistrados sean nombrados por el Congreso Nacional e impedir la politización partidaria del poder judicial.

“Los magistrados y magistradas de la CSJ deben formar parte de la carrera judicial y acceder a ese cargo por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción”, señala la coalición, entre otras cosas.

Instituciones que conforman la Coalición contra la impunidad

·Asociación de Jueces por la Democracia
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras
·Asociación por una Ciudadanía Participativa
·Comité por la Libre Expresión
·Centro de Derechos de Mujeres
·Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos
·Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras
·Comunidad Gay Sampedrana
·Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
·Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
·Feministas Universitarias
·Foro de Mujeres por la Vida
·Foro Social de la Deuda Externa
·Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
·Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
·Red Nacional de Defensoras
·Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

German H. Reyes R.
Periodista Revistazo

10/05/2013

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