La marcha que inició a inmediaciones del Gimnasio Municipal se dirigió a la las oficinas del Ministerio Público, donde los manifestantes dieron lectura a un pronunciamiento público, donde exigieron castigo para los verdaderos responsables del asesinato del dirigente de la CNTC.
Los manifestantes pidieron conversar con la coordinadora de fiscales para conocer el avance en las investigaciones, pero al no encontrarse accedieron dialogar con la fiscal de turno, quien aseguró desconocer la información del caso y se limitó recibir una copia del comunicado.
La manifestación siguió su recorrido hasta la Policía Nacional, porque a criterio de la dirigencia y bases campesinas, esta institución del Estado protege al verdadero responsable. “Edickson fue amenazado dos días antes por el señor Natividad de Jesús Hernández, quien supuestamente estaba peleando las tierras y aquí la policía lo ha estado protegiendo, las autoridades de la Fiscalía no han investigado a este señor que amenazó a Edickson Roberto Lemuz”, expresó el dirigente campesino Omar Hernández, tras llegar a la posta policial.
“¿Qué fuerza económica o política es la que impide que se investigue el caso de Edickson Lemuz?, tres años pidiendo justicia. El año pasado el Ministerio Publico en Tegucigalpa nombró una comisión especial, vinieron a Progreso durante tres meses, estuvieron investigando y se silenciaron igual que todos los fiscales que han pasado por Progreso”, lamentó Carlos Amaya, Coordinador de la Asamblea Popular Permanente.
El dirigente popular dijo que la única alternativa que tienen los campesinos y los obreros es la organización y la movilización, pues a través del Primer Encuentro Obrero, Campesino y Popular llevado a cabo a inicios de año en San Pedro Sula, La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular retomó el caso para colocarlo en la exigencia de los doce puntos que demanda del gobierno.
Erickson Lemus, de 42 años murió asesinado al interior de un bus de la ruta urbana de El Progreso Yoro, el 24 de mayo del 2005. Varios pasajeros que se encontraban en la unidad presenciaron el hecho hasta que el homicida se subió un carro que lo esperaba para huir.
La falta de voluntad de las autoridades para investigar el caso del dirigente campesino evidencia una vez más que el sistema judicial en Honduras no responde a los crímenes se dan en contra sectores populares, pues ya son muchos los casos que han quedado sin resolver. Desde que se fundó en 1985, la CNTC contabiliza el asesinado veinte dirigentes campesinos sin que nadie responda por los hechos.
Gerey