En su comunicado manifiestan que la sociedad hondureña se encuentra en constante zozobra debido a la cantidad de crímenes impunes, represión política y los incontrolables delitos que ha colocado a Honduras en los primeros lugares de países más peligrosos del mundo, lo que agrava la crisis social generada por el modelo económico neoliberal.
Mencionan que este fenómeno afecta a la población de todas las capas sociales, lo cual acelera la destrucción de la convivencia social; pero que el sector más propenso a sufrir los impactos son los pobres.
Responsabilizan directamente a la oligarquía de ser la autora intelectual que incentiva y permiten la corrupción de las instituciones que debían proteger a las personas; también por la creación de los cuerpos represivos con los cuales defienden sus intereses económicos y aparatos criminales de matar, con los que cometen decenas de asesinatos políticos desde el golpe de Estado.
El FNRP asegura que las máquinas asesinas son la policía, el ejército, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio público, porque estos entes forman parte de un entramado criminal con múltiples propósitos que van desde el encubrimiento, la complejidad del narcotráfico, el robo de vehículos, la extorción, el sicariato, la ejecución de crímenes de lesa humanidad hasta el rompimiento del orden constitucional.
Por tanto el Frente Nacional reitera su llamado para organizarse y cambiar el orden social y político actual, asimismo que para el logro de una salida pacífica y democrática a la crisis que vive la sociedad hondureña, se proceda de inmediato al desmontaje de los cuerpos de represión del Estado, antes de que el poder de estos crezcan a tal grado que estén fuera del control de las instituciones públicas, como ha sucedido ya en otros países latinoamericanos gobernados por la derecha.
El sub coordinador del FNRP Juan Barahona expresó que el Frente ha ido denunciando todas las violaciones a los Derechos Humanos, de muerte, de terror que se han dado desde el golpe de Estado.
Barahona reiteró que la policía siempre se comporta como un cuerpo represivo; pero que desde la ruptura del orden constitucional esto se descubrió totalmente.
Dijo que hoy toda esa estructura de represión y muerte tiene poder absoluto por eso actúan descaradamente, esto provocó una explosión en donde la policía no goza de la confianza de la sociedad hondureña.
Por lo antes mencionado el dirigente considera que es el momento de organizar una policía nueva, respetuosa de los Derechos Humanos, que responda a las necesidades del pueblo y para que las hondureñas y hondureños puedan confiar de nuevo en los uniformados.
El resistente agregó que “con lo que se está haciendo no se va a lograr este objetivo porque solo están suspendiendo a los detractores de la ley, esto significa que siguen ocultando los delitos en que la policía ha participado”.
Refirmó que en el golpe de Estado se recrudeció la represión, que trajeron instructores de Colombia e Israel para que le enseñaran a los policías y soldados hondureños, como torturar, asesinar y dar persecución; hoy el producto final de todas estas acciones es una sociedad indefensa.
El dirigente campesino Rafael Alegría aportó que no solo es la policía sino que es la institucionalidad del Ministerio Público, La Corte Suprema de Justica y las Fuerzas Armadas las causantes de la criminalidad imperante en el país.
Alegría adujo que el Frente se solidarizó con la familia Castellanos, Pineda y con todas las familias que han perdido a un ser querido víctima de la violencia.
Enumeró que en los últimos cuatro meses han sido asesinados 62 jóvenes y los entes investigadores no han informado quiénes los mataron; que en el caso de los dos jóvenes universitarios ya están identificados los hechores, la misma policía les permitió fugarse.
Entre las acciones que realizará el FNRP para pronunciarse en contra de la violencia criminal que sucede a todas y todos los hondureños, la Comisión Nacional se reunirá para analizar y elaborar un plan estratégico con una calendarización de las actividades que convocará el Frente en fechas posteriores.
“Llegó la hora de luchar por el desmontaje de estas instituciones al servicio de la oligarquía, del crimen organizado, del secuestro, del sicariato”, añadió que los informes de las Naciones Unidas reflejan que solo en el 2010 se cometieron 6 mil 220 homicidios, de los sectores periodistas, campesinos, maestros, pobladores, muchos de ellos jóvenes y militantes de la Resistencia.
Mencionó que Emo Sadloo lleva más de un mes de asesinado y “no tenemos noticias de quiénes son los responsables del crimen, sospechamos desde el primer momento que se trataba de un aniquilamiento por parte de la policía”.
Sara Elisa Rosales, coordinadora del colectivo de las Mujeres en Resistencia aseveró que del golpe de Estado a la fecha han sido asesinadas 14 mujeres por el hecho de pertenecer a la resistencia y participar en las movilizaciones, más de 50 integrantes de la comunidad de diversidad sexual fueron objeto de crímenes de odio y 16 periodistas fueron acribillados, entre otros.
“El asesinato de Emo sigue impune, el Frente seguirá en las calles para exigir justicia, el respeto a los derechos humanos, para exigir un alto al asesinato de mujeres, hay más de dos mil femicidios en Honduras en los últimos dos años y medio, esto no podemos seguir permitiéndolo”, finalizó la dirigenta.
Por su parte Gilberto Ríos miembro de la Comisión Nacional del FNRP evidenció la connotación clasista que tiene en Honduras la impunidad; porque cuando se trata de asesinatos de miembros de la resistencia, de los obreros que no pertenecen a la oligarquía y a sus fines, no hay investigación.
“A nosotros nos alegra que haya prosperado el caso del asesinato del hijo de la rectora pero al mismo tiempo nos damos cuenta que aun con las denuncias de los asesinatos de la resistencia que ha sido la policía, ha tenido que ser un caso tan evidente como el asesinato del el hijo de la rectora para que los entes del Estado pongan sus buenos oficios”, continuó.
Ríos resaltó nuevamente que es claro el clasismo que existe para con las víctimas, cuando se trata de un pobre y de alguien que es miembro o está al servicio de la oligarquía del país.
La conferencia concluyó que la solución definitiva a este problema y otros que afectan profundamente al pueblo, es una refundación del Estado que incluya la total renovación de los órganos de seguridad y defensa, que se necesita la Asamblea Nacional Constituye, compromiso principal de la organización y primera tarea que impulsará el gobierno de transformación del instrumento político Libertad y Refundación.