Asesinado campesino de la cooperativa Lempira

Sus familiares informaron que su cuerpo presentaba 7 impactos de bala y responsabilizan del hecho a guardias de seguridad de Miguel Facussé.

“Nos siguen matando” nos dijo una hermana del ahora occiso. En efecto, la región del Bajo Aguán sigue siendo un escenario de terror. Se cuentan 40 campesinos asesinados en lo que va del 2010 a la fecha, todos miembros de organizaciones que reivindican tierras para poder vivir con dignidad. El conflicto agrario no resuelto sigue siendo la razón de la pérdida de vidas y otras violaciones a los derechos humanos.

El régimen no muestra voluntad para encontrar soluciones duraderas a la problemática agraria, no protege a la indefensa población del Bajo Aguán y no intenta siguiera impartir justicia ante tantos hechos violatorios a los derechos humanos.

Se firmó un convenio entre Miguel Facussé y los campesinos de MUCA, avalado por el régimen a mediados de junio del 2011, que eliminó al que establecía el compromiso de entregar 11 mil hectáreas acordado el 13 de abril del 2010 y firmado el 17 de abril del mismo año.

Tampoco se resuelve totalmente la demanda del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) que ha quedado sin respuesta del Instituto Nacional Agrario (INA) sobre las tierras de tumbador; y otros que no por ser menos visibilizados por la prensa son de menor importancia, como es el caso de Lis Lis, Movimiento Campesino de Rigores y de Orica, Empresa Asociativa de Campesinos de Isletas.

Por otro lado, la presencia de militares y policías integrados al operativo Xatruch II no ha llevado beneficio alguno a la región del Aguán porque en principio sus comandantes parten de un diagnóstico totalmente desacertado sobre la situación del valle, de ahí que no proteja a la población sino que se movilice aparentemente con el propósito de buscar y apresar guerrilleros y, aún cuando no han mostrado pruebas de tal extremo, el régimen ha aprobado un aumento en el número de sus efectivos.

Sigue la impunidad y con ella la indefensión de los pobladores del Bajo Aguán. La respuesta del régimen se limita a crear instituciones aparentemente para la defensa de los derechos humanos y a promoverlas con eventos publicitarios sin que muestren algún resultado positivo.

De nuevo pedimos la solidaridad nacional e internacional que busque presionar al régimen para que cese la violación de derechos humanos en el Bajo Aguán.

Por FIAN HONDURAS

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