Las organizaciones de la empresa privada han girado instrucciones a sus afiliados para que se abstengan de pagar el nuevo salario hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre recursos de inconstitucionalidad y centenares de amparos que se han presentado por parte de las empresas contra el Decreto del nuevo salario divulgado por el Presidente de la República el 24 de diciembre de 2008.
La Secretaria de Trabajo anunció que a partir del lunes 2 de febrero realizarán inspecciones en las empresas para corroborar que se haya efectuado el pago del salario correspondiente, porque la presentación de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad no suspenden la obligación de cumplir con el Decreto.
Cerca de cien inspectores, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, visitarán las empresas y averiguarán cuántos empleados tienen, la cantidad de mujeres, cuantos extranjeros, las jornadas de trabajo y comprobarán los sueldos que ganan al revisar las planillas y los libros de salarios.
La Ley del Salario Mínimo aprobada en 1971 estipula en su artículo 40 que “ Toda violación a un acuerdo de fijación de salarios mínimos, será constitutiva de falta laboral y dará lugar a una multa de cien a mil lempiras, que impondrá la Dirección. La reincidencia será sancionada con un cincuenta por ciento de recargo sobre la última multa impuesta”. Es decir que las los empresarios que cumplan y al multas serian de tres, hasta 53 dólares, algo equivalente al almuerzo de un empresario en un restaurante.
Juan Barahona, presidente de la FUTH, solicitó ante la Ministra de trabajo, Mayra Mejía, que Fiscales de Delitos Comunes del Ministerio Público acompañen a los Inspectores de Trabajo y procedan contra los empresarios que no hayan hecho los pagos correctos. Según el abogado Leopoldo Romero, quien acompañó a Barahona al presentar la solicitud, los fiscales tienen autoridad para decretar orden de detención por el delito de desobediencia y apropiación indebida de bienes, según el artículo 36 del Código Penal.
Los empresarios quieren forzar a una negociación para bajar el monto del salario mínimo, pero en encuestas realizadas por medios de comunicación más del ochenta por ciento de la población se pronuncia porque se mantenga tal como fue aprobado.
La Asociación Nacional de Industriales ha llamado a realizar un paro de labores de los patronos, pero dirigentes de Cámaras de Comercio de Cortés, donde se ubican el 90 por ciento de las industrias del país, dijeron que no están de acuerdo con participar en esa acción.
Las organizaciones populares por su parte han realizado marchas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades importantes exigiendo a los empresarios que cumplan y al gobierno que no retroceda en la decisión. Han anunciado nuevas protestas para las próximas semanas.