Doctor Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Costa Rica
Las y los representantes de las organizaciones de derechos humanos firmantes, rechazamos el golpe de Estado en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales. Sin duda alguna, este acto es un desafío a la democracia en todo el continente y pone a prueba la capacidad de respuesta efectiva de la comunidad internacional.
En este sentido, agradecemos sus gestiones para iniciar un proceso de diálogo que es necesario y urgente para restablecer la paz en Honduras y la vigencia del Estado de Derecho. A través de la presente, es nuestra intención manifestarle una serie de preocupaciones expresadas por el movimiento social hondureño para que sean consideradas en el proceso de negociación que recién inicia.
Señor Presidente, debe usted saber que además de la evidente ruptura del orden constitucional, las autoridades golpistas han llevado a cabo una serie de acciones contrarias al deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población hondureña, obligación contenida en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Podemos afirmar que durante la vigencia del gobierno de facto, la población hondureña ha sido víctima de numerosas violaciones a sus derechos fundamentales.
En primer lugar cabe resaltar las violaciones a la libertad de expresión. No sólo se ha limitado el acceso a información confiable, transparente y objetiva, sino que se han ejecutado órdenes directas de cierre y censura a medios de comunicación y a periodistas que apoyan al Presidente Manuel Zelaya.
Adicionalmente hay una política clara de represión contra toda persona que manifieste su desacuerdo con el gobierno de facto. Según información recopilada por las organizaciones, más de 300 personas han sido detenidas por su participación en manifestaciones pacíficas, aproximadamente 180 han sido detenidas por violar el toque de queda y 18 están siendo procesadas por los delitos de asociación ilícita y sedición. Cabe destacar que el ejército ha utilizado gas picante y la presencia de francotiradores en lugares estratégicos para reprimir y amedrentar a los manifestantes.
El joven Isis Obed Murillo Mencia fue ejecutado por miembros del ejército hondureño durante la manifestación ocurrida el pasado 5 de julio; a su muerte se suman otras tres que ocurrieron con posterioridad al golpe pero cuyas circunstancias no están claras: el periodista Gabriel Fino Noriega, una persona de la comunidad LGBT de nombre Vicky Castillo, y Alexis Amador, quien apareció con señales de tortura y vestía una camiseta alusiva a la “cuarta urna”.
Por otra parte, varios defensores y defensoras de derechos humanos fueron y continúan siendo víctimas de actos de hostigamiento y amenazas, sus comunicaciones son interrumpidas con frecuencia y las sedes de las organizaciones están siendo vigiladas por el ejército.
Algunos de estos hechos descritos fueron observados y constatados por la delegación de organizaciones civiles y de derechos humanos guatemaltecas que viajaron a este país, la cual estuvo encabezada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu.
Ante el panorama referido, reafirmamos que el diálogo es la única vía para resolver la crisis que afecta al Estado de Honduras; sin embargo, hacemos un llamado respetuoso para que cualquier negociación tome en cuenta los principios de verdad, reparación y justicia. En atención a ello, manifestamos la necesidad de:
*** Restablecer el orden constitucional y retorno del Presidente Manuel Zelaya a Honduras para el ejercicio de sus funciones.
*** NO permitir la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de facto político militar, lo que incluye el golpe de Estado mismo y todas las acciones contra la población civil, ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional.
*** Restablecer las libertades de expresión y asociación, así como la protección de la legítima labor de los defensores y defensores de derechos humanos, comunicadores, líderes sociales y periodistas.
*** Liberar los presos políticos capturados con posterioridad al golpe de Estado y a la suspensión de todos los procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política contra los funcionarios del gobierno del Presidente Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del proyecto de la consulta popular.
*** Desmilitarizar de inmediato las dependencias públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas Armadas; ello implica: el retorno urgente del control de la seguridad pública o interna a la Policía Nacional; el retorno sin reservas al control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de telecomunicaciones, como son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales públicos, cuyos accesos están militarizados, entre otros.
*** Suspender el uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de actividades de control de manifestaciones públicas.
*** Suspender definitivamente el estado de sitio o excepción decretado sin seguir el procedimiento constitucional, que ha sido utilizado para justificar las violaciones a derechos humanos fundamentales.
*** Cumplir con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del golpe de Estado y permitir la visita al país de éste órgano interamericano así como de cual órgano de Naciones Unidas para constatar la situación de los derechos humanos en el menor plazo posible.
San José, 9 de julio del 2009
Firmas
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) – Perú
Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir – Costa Rica
Asociación de Jueces por la Democracia – Honduras
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se adhiere a la carta, pero debe quedar claro que no pueden quedar en la impunidad los delitos cometidos por los golpistas, sobre los cuales varias organizaciones y ciudadanos, hemos pedido la actuación del Ministerio Público – Honduras
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) – Honduras
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) – Panamá
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Nicaragua
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras
Centro de Mujeres IXCHEN – Nicaragua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización regional
Colectiva Lésbica Todas Somos – Guatemala
Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH) – Honduras
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Honduras
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH) – Honduras
Convergencia de Mujeres de Honduras
Copenhagen Initiative for Central America (CIFCA) – organización regional
Foro de Mujeres del Mercosur, Capítulo Paraguay
Fundación Étnica Integral (LA FEI) – República Dominicana
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) – Guatemala
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – El Salvador
Marcha Mundial de Mujeres – México
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
Programa Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense
Punto Focal Nicaragua de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto.
Red Lésbica Cattrachas – Honduras
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” – México
Red Solidaria Década Contra la impunidad A.C. – México
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) América Latina – organización regional
Grupo Profesionales de Latinoamérica contra el Abuso de Poder Buenos Aires/Montevideo/Madrid/Las Vegas
Personas a título individual:
Masaya Llavaneras – Venezuela
Francisco Cravioto Lagos – México
Ana Lucía Faerron Ángel – Costa Rica
Lucía Melgar Palacios – México
Mariana Eugenia Niembro Martínez
Patricia Orozco A. – Nicaragua
Gabriela Arguedas Ramírez – Costa Rica
Martha Isabel Cranshaw Guerra – Nicaragua
Juanita Jiménez – Nicaragua
Yamilet Mejía Palma – Nicaragua
Sofía Montenegro – Nicaragua
María Isabel Huezo – Nicaragua
Argentina Espinoza – Nicaragua
Ana Quirós Viquez – Nicaragua
Luis C. Lagos L.
Comun Noticias, sabado 11 julio 2009