La directora ejecutiva de la ONG, Viviana Krsticevic, cuestionó en una conferencia telefónica con motivo del día Internacional de los Derechos Humanos la independencia y la credibilidad de la Comisión de la Verdad proyectada en el acuerdo Tegucigalpa-San José.
En ese pacto, firmado el pasado 30 de octubre, representantes del Gobierno de facto, presidido por Roberto Micheletti, y del presidente depuesto, Manuel Zelaya, establecieron como principal misión de la comisión “investigar los actos que condujeron a la situación actual”.
Para Krsticevic, sin embargo, esa iniciativa debe “vincularse estrechamente con la necesidad de hacer justicia” y “determinar cuáles deben ser los cambios políticos necesarios para fortalecer la institucionalidad democrática”.
La recomendación del Cejil se produce como consecuencia de su visita a Honduras durante la celebración de las elecciones, que el pasado 29 de noviembre dieron la victoria a Porfirio Lobo.
En esa misión, la organización constató “deficiencias en el funcionamiento de diversas instituciones”.
“Las elecciones se produjeron en un contexto de total inoperancia judicial y de numerosas restricciones a la libertad de prensa, lo que hace que sea difícil determinar su validez”, indicó Krsticevic.
Según los datos de la organización, que cita fuentes de Naciones Unidas, en los meses anteriores a las elecciones se produjeron 3.357 detenciones arbitrarias y cientos de esos detenidos fueron torturados.
Además, denunció que el proceso electoral estuvo plagado de “actos de intimidación por parte de miembros del Ejército” y de los medios de comunicación controlados por la “propaganda oficialista”.
“Cualquier iniciativa de Comisión de la Verdad debe reflexionar sobre las deficiencias importantísimas de la democracia en Honduras”, subrayó Krsticevic.
El Cejil evaluó hoy también casos de violaciones de derechos humanos en Perú, Brasil y México, y pidió a este último país que suprima el fuero militar para juzgar por la vía ordinaria las violaciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Perú, la organización valoró la revisión de la condena al ex presidente Alberto Fujimori, cuya sentencia envió “un mensaje al pueblo de que estar al mando del Estado no exime de las responsabilidades con los derechos humanos”, e insistió en la importancia de que se ratifique su condena a 25 años de prisión.
Además, la directora del Cejil para Brasil, Beatriz Affonso, exigió a ese país que reconozca su responsabilidad internacional por la desaparición de unas 70 personas durante la dictadura militar entre 1972 y 1975.