En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un deslegitimado Congreso Nacional aprobaba la Ley General de Aguas, con la que se garantizaba la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.
Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
Fue hasta en abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el país.
La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.
Fue así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron 24 proyectos¹ más de generación de energía renovable, con una inversión aproximada de casi unos 1,000 millones de dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.
Resistencia
El proyecto Agua Zarca, que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Es por eso que, desde hace 6 días, más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico.
En un primer comunicado, las comunidades exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y reiterado a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el comunicado.
Sobre este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnías, el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.
Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
“Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA) no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.
Según ella, los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.
“Hemos visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la dirigente indígena.
En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la población organizada.
Amenazas
Para el día de hoy (6/4), se espera la llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido invadido.
Lea el tercer comunicado de ayer (7/4)
“Hay un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.
Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.
“El pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.
Lo que no aceptamos – continuó – es la lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.
08/04/2013