La llegada de empresas multinacionales provoca mayor consumo de energía que hace que los gobiernos se interesen en la ejecución de megaproyectos de generación a través de la construcción de represas que muchas veces no solo afecta a los campesinos víctimas de expropiación de sus tierras sino también a las poblaciones que se ven afectadas por el desplazamiento.
Las necesidades de producción de energía también ocasiona la privatización de fuentes de agua donde las transnacionales adquieren derechos, dijo Rogelio Ó, miembro del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil.
Las transnacionales vienen a América Latina y son ellas quienes determinan el precio de la tierra, el impacto ambiental y el valor de las indemnizaciones, con el consentimiento de los gobiernos, especificó.
Luís Lozano, quien disertó representando a Guatemala en el Foro contra las Represas, dijo que la política energética de su país se basa en la reducción del precio de la energía con el fin de atraer la inversión extranjera.
El gobierno guatemalteco justifica la construcción de represas en la rebaja del costo de producción energética. Su visión no es desarrollar las comunidades sino de convertir a Guatemala en un país exportador de energía. Guatemala también enfrenta problemas por la tala del bosque y la pérdida en la biodiversidad por el cultivo de palma africana en granes extensiones de tierra.
La costarricense Greyci García, de la Organización Amigos de la Tierra , afirmó que la construcción de megaproyectos es una manifestación de la crisis energética que está ligada a una crisis alimentaria y financiera que afectan los mercados locales y de exportación.
Las crisis financiera, energética y de seguridad alimentaria, también desemboca en un conflicto de seguridad, porque las organizaciones que se manifiestan en contra de los megaproyectos son reprimidos a través de la criminalización de la lucha.
Gerey