Crónica de una muerte impune en la maquila

Carmen Marilú Zerón se inició como obrera de maquila en la empresa Internacional Sewing, ubicada en el barrio San Francisco de El Progreso, propiedad de la familia Gabrie, para la cual trabajó cua­tro años.
En Sewing, conocida como “La Ga­brie”, contrajo enfermedades respiratorias supuestamente debido a la cantidad de ta­mo con la que ahí trabajaban. Los proble­mas se le complicaron cuando sufrió un aborto y por ello prefirió buscar otra em­presa donde laborar.
Así comenzó a trabajar en Industrias Daly, una pequeña empresa propiedad del señor Edmundo Romero, arrendada al coreano Young Ki Kim. En esta permane­ció durante un año con tres meses, duran­te todo este tiempo los problemas respira­torios de Marilú continuaron presentándo­se y además sufrió un segundo aborto.

EL ÚLTIMO DÍA
El día viernes 9 de enero de 1998, Ma­rilú debe presentarse a trabajar a Daly, se­gún su hermana Sonia, con la que com­partía su cuarto, ella no quería ir trabajar, no se sentía bien. Pero se fue para la em­presa porque no tenía la hoja de vigencia del Instituto Hondureño de Seguridad So­cial, documento necesario para recibir atención médica.
A eso de las 7:30 de la mañana Mari­lú le solicitó permiso a su supervisara Con­suelo Gavarrete para asistir al Seguro So­cial, el que le fue negado.
Unos minutos después compañeras de trabajo le informaron a la supervisara Consuelo que Marilú estaba empeorando. La supervisara la llevó entonces a la ofici­na de personal, estando allí sufrió dos desmayos y vómitos, pero en la fábrica no ha­bía botiquín y menos médico o enfermera. La actitud fue la de siempre: esperar que les pasen los malestares a las trabajadoras para que vuelvan a sus labores.
Cuando comenzaron a ponérsela mo­radas sus manos y labios, se dieron cuen­ta que no era algo pasajero y el propieta­rio de la empresa le ordenó al chofer, Freddy Lezama, que la trasladará al Segu­ro Social.
Al llegar a la clínica del Seguro Social, el único médico de turno en el área de emergencia, el doctor Ivón Matute, aten­día una señora con síntomas de parto, Marilú tuvo que esperar un tiempo más para ser atendida, todavía con los restos de vómito en su ropa y cara.
Cuando el médico la atendió, Marilú apenas hablaba, y no portaba ningún do­cumento que la identificara, según afirmó posteriormente el doctor Iván Matute. Freddy, el chofer, ya no estaba. Sólo llegó a dejarla sin dar ninguna información.
Mientras el doctor aplicaba algunos medicamentos, en las oficinas administra­tivas le extendían una hoja de vigencia provisional para atender la emergencia.
La empresa Daly hacía meses que no re­clamaba ese documento para sus emplea­dos porque estaba en mora con el IHSS, a pesar de que semanalmente les deducía las cuotas a sus trabajadores y trabajadoras.
Cuando le extendieron el documento, ya no sirvió de nada. Carmen Marilú había fallecido.

LOS INTENTOS POR HACER JUSTICIA
Edgardo y Sonia, que laboraba en la “Gabrie”, llegaron de inmediato donde estaba su hermana ya sin vida. No confor­mes con las explicaciones del doctor que la atendió acudieron al Ministerio Público, a pesar de las recomendaciones del apo­derado legal de la empresa Simeón Figueroa Cacho quien les dijo que “para que van a buscarlo, eso es mucho problema”.
El mismo día sus parientes se llevaron el cuerpo de Marilú hasta El Porvenir. La em­presa proporcionó el vehículo y 1,500 lempiras de ayuda para gastos fúnebres. Sus compañeras de trabajo recogieron más de mil lempiras.
La empresa Daly intentó implantar el si­lencio y ocultar la verdad sobre la muerte de Marilú y hacerlo aparecer como una muerte natural debido a un paro cardíaco.
Varios recibieron castigos por brindar declaraciones sobre la verdad de los he­chos, otras amenazas si intentaban referir­se al caso. Gabriel Galeano, que habla trabajado durante dos años en Daly, se atrevió a hablar y lo despidieron. Días después del entierro de Marilú su madre doña Teresa y don Cristóbal recibieron en horas de la madrugada la visita del chofer Freddy y Jorge Reyes, asistente de personal de Daly, para convencerlos de que acep­taran tres mil lempiras que la empresa les concedía por concepto de prestaciones la­borales de su hija.
Mientras la empresa Daly se empeñaba en cerrar el caso, pagándoles a sus familia­res, la Fiscalía a través del licenciado Or­lan Chávez procedía a realizar una inves­tigación para determinar las causas de la muerte y sus responsables.
El fiscal Chávez conoció las denuncias hechas a “Las Golondrinas”, programa de Radio Progreso, donde los trabajadores y trabajadoras afirmaban que se les nega­ba permiso para asistir a cualquier centro de salud, y si faltaban un día porque te­nían alguna cita médica en el Seguro So­cial, aunque llevaran comprobante de su asistencia les aplicaban tres y hasta de ocho días de suspensión sin goce de sala­rio, aparte de todos los casos de maltrato.

MIEDO A LA EMBAJADA GRINGA
El Fiscal intentó inspeccionar la empresa en compañía del representante del Minis­terio del Trabajo y del Comisionado de los Derechos Humanos de El Progreso, pero no le permitieron el ingreso. Entonces soli­citó la presencia de la Jueza de Letras Sec­cional, licenciada Josefa Eloísa Moya, pe­ro de nuevo les negaron el acceso a las instalaciones.
Por la negativa de la empresa a aten­der a la autoridad e impedir la investiga­ción la Jueza Moya libró orden de captu­ra que se ejecutó el 9 de febrero contra Jorge Reyes. El coreano Young K¡ Kim atendiendo recomendaciones de su apo­derado legal y jefe de personal Simeón Figueroa Cacho evitó inicialmente ser captu­rado escondiéndose dentro de las instala­ciones de la empresa.
Durante dos días agentes de la Dirección de Investigación Crimi­nal montaron vigilancia, esperan­do que el coreano saliera.
Personal de la DGIC, la Fiscalía y el Juzgado no se atrevieron sacarlo de las instalaciones, según decían por temor a represalias de parte de la embajada estadounidense por­que el señor Young K¡ Kim estaba en calidad de ciudadano nortea­mericano. Además se alegaba ex­traterritorialidad de la empresa por ser una maquiladora transnacional, o sea que aún siendo autoridad ninguno podía entrar a la fábrica si el dueño no se los permitía.
Después del pago de la fianza de Jorge Reyes y del coreano que finalmente deci­dió por su cuenta salir del escondite y pre­sentarse al Juzgado, nunca se supo de al­guna otra actuación de la Fiscalía con re­lación al caso de Marilú Zerón.

LO ULTIMO QUE SE SABE
Dos años después, consultamos a la coordinadora de Fiscales en El Progreso, Reyna Valerio, qué nuevos elementos exis­ten sobre la muerte de Carmen Marilú. Re­conoció que no sabe nada sobre el caso y que ninguna de las nuevas fiscales está enterada del mismo.
Don Luis Zerón, tío de Marilú, al cumplir­se el 9 de enero tres años de la muerte de su sobrina, manifestó estar muy desilusio­nado porque no hubo autoridad, institu­ción o personas en particular que les acompañaran legalmente para esclarecer la muerte y aplicar la justicia.
Dijo que difícilmente por cuenta de los parientes podían hacer mucho, porque son gente de escasos recursos como para pagarle a un profesional del derecho que continuara con el caso.
Así las cosas, la impunidad prevalece una vez más. Esas vidas parecen no interesar a los que se dedican a salvar almas, ni a los periodistas ni a las autoridades, ni a los defensores de la Ley y pareciera des­graciadamente que tampoco a quienes tienen por oficio la defensa de los dere­chos humanos.
Dunia Montoya

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MARILÚ?:
¿El tamo que tragó durante mas de cuatro años en la Gabrie y la Daly?, ¿La supervisara irrespon­sable que no atendió su solicitud de permiso? ó ¿El médico que no la atendió de inmediato? ¿O será más bien el chofer que la dejó abandonada? O será ¿La empresa que no tenía aten­ción médica en la planta, esta­ba en mora con el Seguro Social y no llevó a tiempo a la obrera enferma?

Fuente: Vida Laboral Edic. # 4, Febrero de 2001

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