Diez detenidos temporales en desalojo de colegio en El Progreso

La toma del colegio por los estudiantes es respaldada por los padres de familia que se han reunido en asamblea y es parte de las acciones de unos 80 colegios en todo el país contra la pretensión gubernamental de aprobar una ley general de educación que privatiza la escuela pública en todos sus niveles.

A las siete y media de la mañana se presentó un contingente policial bajo el mando del Comisario Gómez y agentes de la DGIC quienes conminaron a los jóvenes a desalojar el local del colegio donde estudian unos tres mil alumnos en jornadas matutina, vespertina, nocturna y de fin de semana. Los estudiantes no se opusieron y quitaron la bandera nacional frente al portón principal. Sin embargo los policías pretendían que los acompañaran tres de los ocupantes y otro grupo decidió voluntariamente ir también a la sede policial.

Una vez en las instalaciones policiales no dejaron salir a ningún estudiante y obligados fueron llevados ante el Jefe Departamental, Sub Comisionado Porfirio Escobar. Ahí estaba la Fiscal Iris Elvir quien de diversas maneras intentó intimidar a los jóvenes que estaban acompañados por algunos de sus padres y dos de sus maestros.

A pesar de ser todos menores de 18 años, la Fiscal amenazó a los jóvenes con aplicarles el artículo 273 del Código Penal y mandarlos a la cárcel hasta por seis años. Les amenazó con llevarlos inmediatamente ante los juzgados de la niñez si no firmaban una supuesta acta donde se comprometen a no continuar con sus protestas.

El compromiso redactado por la Fiscal amenaza “Haciendo la prevención que si nuevamente se toman las instalaciones de dicho instituto nos fundamentaremos en el artículo 273 del Código penal y procederemos contra los que estén flagrantes” y finaliza diciendo que todos están de acuerdo “comprometiéndose a no tomar dichas instalaciones del colegio Chévez ni hacer disturbios en vías públicas”.

Unos doscientos estudiantes del Instituto Perla del Ulúa, el otro colegio oficial progreseño que apenas han regresado momentáneamente a clases, se movilizaron a pie unos cuatro kilómetros hasta la sede policial para solidarizarse con los detenidos. Luego que salieron libres les acompañaron en marcha hasta las oficinas de la Fiscalía para interponer una denuncia por las agresiones y amenazas de parte de los elementos policiales y la Fiscal Iris Elvir.

El gobierno anunció este día la recuperación de los centros educativos en manos de los estudiantes y padres de familia.

Estudiantes, padres y maestros del Instituto Eduardo Hernández Chévez y del Instituto Perla del Ulúa manifestaron que no les amedrenta la acción de la policía y que continuarán con las protestas contra la privatizadora ley general de educación y contra todas las medidas gubernamentales que amenazan la educación gratuita. También se presentaron dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP.

El FNRP ha llamado a sus miembros en toda Honduras a apoyar las acciones en defensa de la educación pública. El sábado 13 de agosto ha convocado a una asamblea nacional de movimientos sociales para elaborar una agenda de lucha social urgente que reúna las demandas de los maestros estudiantes, campesinos, obreros, comunidades en defensa del ambiente y de los demás sectores en un plan nacional de acciones coordinadas.

Bartolo Fuentes
Comun-Noticias
Comunicación Comunitaria, COMUN

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