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EDITORIAL
El Estado es mal ejemplo de cumplimiento de los derechos laborales
Según la Ley, el Estado a través de la Secretaría de Trabajo es el garante del cumplimiento de los derechos laborales por parte de los patronos. Sin embargo, el Estado como patrono es mal ejemplo del respeto a los derechos de los trabajadores.
Las diferentes dependencias del gobierno están constantemente violentando lo establecido en el Código de Trabajo, los estatutos profesionales y los contratos colectivos que regulan las relaciones con los trabajadores estatales.
De ese incumplimiento nacen las protestas constantes de maestros, enfermeras profesionales y auxiliares, médicos, microbiólogos, Registro de las Personas, secretarías de Estado y hasta del Cuerpo de Bomberos.
En lugar de cumplir, cada gobierno siempre está proponiendo renegociar lo establecido en la Ley, cuando su papel debería ser buscar la manera de hacerla efectiva y no buscar como evadir su responsabilidad.
Miles de empleados del gobierno deben esperar durante meses y hasta años para que les paguen su salario, un derecho tan elemental. Eso es casi una norma. Es frecuente que algunos reciban nombramientos con fecha posterior al inicio de labores y pierdan meses de salario.
El Estado viola el derecho de estabilidad laboral al imponer ilegalmente contratos para tiempo definido para labores que son permanentes. Así, hay empleados que tienen cinco años de estar en un puesto y siguen siendo temporales porque los hacen ilegalmente firmar contratos por seis meses o un año. Por Ley ellos y ellas pueden reclamar su plaza permanente.
El principio de salario igual para igual trabajo no se cumple con el gobierno. Dos personas que ingresaron el mismo día como empleado y que hacen exactamente la misma labor, puede estar ganando una el doble que la otra, sólo por el antojo del jefe.
Las diferencias en la escala salarial son abismales. Mientras hay empleados incluso con responsabilidades de personal ganando un poco más que el salario mínimo, se encuentran funcionarios, que nadie sabe que es lo que hacen, ganando hasta 150 mil lempiras.
Otro incumplimiento permanente son las obligaciones del gobierno y sus dependencias de pagar las cuotas patronales a los institutos de previsión, jubilaciones y al Seguro Social. Recientemente un policía herido en el cumplimiento de su servicio no pudo ser atendido en un hospital de La Ceiba porque la Secretaría de Seguridad no había pagado el contrato.
Cuando los afectados están organizados protestan por los incumplimientos.
Si las organizaciones son pequeñas no trascienden, pero se vuelven un conflicto nacional cuando se trata de gremios como los maestros que pasan de 50 mil o las enfermeras que además de estar en todo el país, atienden un área tan sensible de la cual dependen muchas vidas. Entonces el gobierno se ve presionado y resuelve firmando actas de compromiso que casi siempre legalizan la disminución de derechos ya conquistados.
Sin embargo, al tiempo los trabajadores deben movilizarse nuevamente para lograr que se cumplan los acuerdos que resolvieron el conflicto anterior. Otra vez ceden una parte de los derechos para que se pueda concretar lo que está en el papel.
Con ese mal ejemplo, resulta difícil esperar que sea el Estado quien reclamará a la empresa privada el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Los gremios que han logrado condiciones mejores de trabajo son los que están organizados y cuentan con sindicatos que negocian contratos colectivos y a la vez garantizan su cumplimiento. Los demás tienen una situación salarial y de beneficios sociales tan baja que las conquistas de los que están organizados, el gobierno las presenta como grandes privilegios.
Lo mismo sucede en la empresa privada. Los trabajadores que se organizan pueden lograr que se les respete. Los demás quedan a merced de la voracidad del patrono, con la complacencia y mal ejemplo del Estado.