El desalojo de las familias del MCR ocurrió el 24 de Junio de este año y duró desde las 6 am hasta el anochecer. Se estima que daños de L. 20 millones fueron causados incluyendo una escuela de 6 cursos, iglesias evangélicas y católicas, pozos de agua y cultivos. Como resultado 14 campesinos fueron detenidos y actualmente se encuentran procesados. Este hostigamiento de parte de las fuerzas represivas ha aumentado en los últimos meses y es una clara señal a los movimientos campesinos quiénes buscan luchar por la tierra y una mejor vida para sus familias.
En adición del desalojo la semana pasada los y las campesinos que están en proceso de recuperación de la finca La Consentida, ubicada en las cercanías del MCR fueron atacados por tres patrullas de policía. A su regreso la policía atacó a un campesino del MCR quien estaba trabajando en la re-construcción de su casa y que fue hospitalizado con graves heridas.
El MCR está conformado por 8 empresas asociativas campesinas que viven y laboran en un área de 600 hectáreas. A pesar de la cercanía de grandes extensiones de palma africana el MCR ha buscado un modelo agrícola integral trabajando los granos básicos, hortalizas, la ganadería y especies menores para poder producir sus alimentos y unos ingresos económicos. Este modelo busca alejarse del mercado de aceite de palma africana controlado en gran parte por los grandes terratenientes de la zona.
“Tenemos la vida para seguir trabajando” comenta una campesina del MCR en referencia al desalojo y los 3 compañeros mártires del Movimiento. “Salimos a trabajar y sembrar para combatir las necesidades, lo que más nos preocupa actualmente son las condiciones de las viviendas y la falta de información clara sobre el tema legal”. “Además solo nos queda una aula para los 6 grados y 6 profesores”.
La situación de incertidumbre en que se encuentra el MCR es replicada en muchos lugares del país: el Movimiento 10 de Junio San Juan Pueblo y Zacate Grande entre otros. A raíz de la derogación, en noviembre 2010, de parte del Congreso Nacional del decreto 18-2008 varios movimientos campesinos están al punto de perder un largo proceso de legalización y recuperación de tierras. El artículo 17 del decreto, aprobado durante el gobierno de Presidente Mel Zelaya, permite a comunidades o empresas campesinas que llevan 10 o más años recuperando las tierras solicitar al Instituto Nacional Agrario (INA) el traslado de la tierra a favor de los y las campesinas.
Actualmente el decreto se encuentra “congelado” debido a que no se ha publicado en El Gaceta. Sin embargo las últimas noticias indican que solo queda un mes hasta que se publicará el decreto. La situación de los grupos y movimientos campesinos se ve aún más complicada debido a que la Secretaria de Finanzas niega a desembolsar dinero como parte del proceso de traslado debido a que considera que el decreto es nulo.
Para las familias campesinas la derogación del decreto solo es el inicio de un nuevo ataque contra su sobrevivencia. La oligarquía Hondureña y el capital transnacional ya tienen varios proyectos en camino: Regiones Especiales de Desarrollo (ciudades modelos), una nueva ley de minería, concesiones de los ríos y la promoción de semillas transgénicas. Estos proyectos tienen el objeto de erradicar la agricultura a pequeña escala y suplantar un modelo de agro-industria y la explotación de los recursos naturales del país.
A pesar de las condiciones terribles en las cuales las familias actualmente se encuentran la lucha del MCR sigue. La gran mayoría están en casas destruidas con carpas de plástico para protegerse de la intemperie. Las amenazas de otro desalojo existen y no hay ninguna garantía de parte del INA que se resolverá a favor del movimiento el tema de la tenencia de la tierra.