Sesenta ex trabajadores de la empresa maquiladora Twin Luck Group C, presentaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo una demanda solicitando la anulación de una resolución de la Secretaría del Trabajo a favor de la empresa.
El trece de junio del 2003 la empresa suspendió por cuatro meses a 206 obreras y obreros, alegando ante la Secretaría del Trabajo la imposibilidad de explotar racionalmente la fábrica por falta de recursos económicos.
Ante esta situación más de 400 trabajadoras realizaron actos de protesta resistiéndose a ser enviados a sus casas sin tener ingresos para mantener a sus familias durante el tiempo de suspensión. A este acto los ejecutivos respondieron con la militarización de la fábrica.
En julio los trabajadores presentaron oposición a la suspensión, trámite que fue resuelto hasta los seis meses por la Secretaría del Trabajo, pero no para favorecer a los obreros, sino a los empresarios.
Cierre final
En abril pasado, Twin Luck cerró definitivamente dejando sin empleo y sin el pago de sus derechos laborales a 350 trabajadores.
Los obreros no lograron sus derechos laborales porque la empresa únicamente dejó la maquinaria chatarra que cubrió un cinco por ciento del total de prestaciones, según informó Rita Romero, miembra del equipo legal del Centro de Derechos de Mujeres.
Muchos de los despedidos tenían más de cuatro años de trabajar en Twin Luck y se quejan de que el Estado a través de la Secretaría del Trabajo sea incapaz de hacer cumplir las leyes laborales
Causa injusta
El artículo 101 del Código del Trabajo establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede o no autorizar la suspensión cuando exista causa justa alegada o que existiendo ésta sea injusta.
En este caso la causa es injusta porque se pone sobre las espaldas de los trabajadores la responsabilidad, y no basta con que exista la causa “y pueda ser que Twin Luck no tenga fondos, pero los obreros no tienen responsabilidad en el descalabro financiero de la empresa”, manifestó Rita Romero
Con la demanda los trabajadores buscan una revisión sobre la postura de la Secretaría del Trabajo, que se declare ilegal la resolución y que el Estado se responsabilice de éste acto.
Son varias las empresas que han solicitado suspensiones hasta por cuatro meses y posteriormente cierran definitivamente