Según últimas informaciones, existe el inminente riesgo de que, en los próximos días, militares, policía y grupos paramilitares realizarán en la zona del Bajo Aguán una acción de represión y de desalojos forzosos contra grupos campesinos que probablemente resultará en más violencia, más muertos y más miseria.
FIAN recuerda que últimamente han sido víctimas de la violencia tres dirigentes campesinos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán: el 17 de marzo, fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental, y el 1 de abril, fue asesinado el joven Miguel Alonso Oliva, 22 años, con arma de fuego, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán.
Además, el 14 de marzo fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Previamente, Palacios había trasmitido vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán, desvirtuando con datos veraces la fuerte campaña en otros medios de comunicación y sectores políticos influyentes que intentan deslegitimar y criminalizar las luchas campesinas por la tierra en la zona.
En estos últimos días, se han observado movimientos y operaciones de grupos militares y paramilitares fuertemente armados en varios lugares de la zona, por lo que el Movimiento Unificado Campesino del Aguán expresa el temor que pudiera intensificarse la violencia en su contra.
Ante el clima de total impunidad que han gozado hasta el momento los hechores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a la democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y otras voces que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, FIAN Internacional hace un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución del conflicto de una manera que sea coherente con las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos, que evite más violencia y muertes.
Considerando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, sigue obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, FIAN solicita de urgencia en este momento acciones apropiadas e inmediatas de los actores nacionales e internacionales conducentes a una solución del caso
– que parta necesariamente del cese de la represión, de la violencia y de desalojos forzosos;
– que parta asimismo de la protección efectiva de la integridad personal de las y los defensoras/es de derechos humanos, dirigentes campesinos, periodistas quienes viven en una situación de riesgo permanente;
– que sea acompañada por la garantía de una investigación y persecución efectiva de los asesinatos recientes;
– que sea congruente con la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
– que sea producto de un diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán.
En particular, FIAN Internacional propone que una misiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Para más información: Martin Wolpold(Bosien begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, Coordinador para América Central de FIAN Internacional, wolpold)bosien@fian.org