Mc Naub señaló, que la asignación de los recursos para los pueblos indígenas no ha sido la correcta, porque el gobierno ha sido terco en no querer aceptar en que debe practicarse una consulta directa con las comunidades para detectar las prioridades. Los líderes de los pueblos indígenas están muy incómodos porque sus prioridades no son exactamente las que identifican las municipalidades”.
Añadió que la comunidad misquita como integrante del Consejo Consultivo manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto del presupuesto nacional, sobre todo con el artículo 22, porque contradice los criterios de contraloría para aplicar los fondos destinados a reducir los niveles de pobreza.
El dirigente misquito dijo que “el gobierno a través del Congreso Nacional trató en algún momento de quitar nuestro protagonismo y nuestra lucha de darle seguimiento a una aplicación de los fondos con transparencia y que de verdad llegara a los más pobres de éste país”.
Asimismo dijo que la intención del gobierno es que los presupuestos destinados a reducir la pobreza sean ejecutados por las municipalidades, “pero el problema es que la mayoría de las municipalidades no tienen la capacidad técnica para diseñar los proyectos y el gobierno también ha querido que las mismas corporaciones auditen la aplicación de los fondos”.
“Aquí encontramos que hay algo sospechoso, desde el momento que ellos (los gobiernos municipales) no quieren que sean organizaciones independientes de sociedad civil quienes llevemos la contraloría, el monitoreo e incluso una evaluación para ver si verdaderamente éstos proyectos terminan siendo de beneficio a los pobres”, sostuvo Mc Naub.
Expresó que colocar dinero en las municipalidades puede ser usado para que los alcaldes o alcaldesas se promuevan para futuras elecciones o para la reelección de sus cargos en sus municipios.
El líder misquito reveló que las corporaciones municipales contratan consultorías condicionadas que al pagarles una buena cantidad de dinero, constaten que los proyectos “fueron perfectos y que el dinero fue muy bien utilizado”.
“El otro asunto peligroso es que el gobierno está tratando de confundir las asignaciones de transferencia con los fondos que son específicamente para la ERP. Al hacerlo de esa manera, entonces corremos un gran riesgo de que los fondos sean mal utilizados”, denunció Mc Naub.
Desde la administración del ex presidente Ricardo Maduro se identificaron una serie de proyectos de beneficio comunitario en cabildos abiertos, respetándose los criterios de extrema pobreza, población y zona geográfica.
El gobierno de la República ha destinado 700 millones de lempiras como fondos destinados al combate de la pobreza en el país. “Pero el estado habla de fondos virtuales pero no habla de fondos reales. Es decir: Las municipalidades tienen sus proyectos, pero cuando sus representantes vienen a la secretaría de Finanzas, se encuentran con que ahí no está el dinero a la mano”, y no tienen los mecanismos para hacerlos efectivos”, manifestó Mc Naub.
Por su parte el Comisionado Presidencial para la ERP , Fernando García, dijo que ha visitado todo el país en menos de un mes con el propósito de socializar los instrumentos, manuales, reglamentos y tipología de proyectos que se van a utilizar en la estrategia de reducción de la pobreza.
García añadió que se ha brindado estrategia técnica y “ya recibimos los primeros 45 planes de inversión municipal en los perfiles requeridos y con sus respectivos presupuestos”. El funcionario declinó identificar esos proyectos hasta que la Comisión Técnica apruebe los planes de inversión.
El comisionado anunció que el próximo lunes se comenzará a analizar con la Comisión Técnica ad-hoc los proyectos. “De esa manera nosotros esperaríamos que en los primeros días de octubre se efectuarán los primeros desembolsos, luego de que la Secretaría de Finanzas agilice todos sus mecanismos con el propósito de que cuando lleguen las solicitudes de desembolso por parte de las corporaciones municipales, haga efectivo de inmediato dicha transferencia de recursos”.
El funcionario indicó que la Secretaría de Finanzas tiene el compromiso que los 700 millones de lempiras que fueron presupuestados se conviertan en fondos reales, que serán destinados en la ejecución de los proyectos identificados y aprobados por la Comisión Técnica de la Oficina del Comisionado de la ERP.
Es necesario recordar que el año pasado Honduras fue incluida en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), por sus siglas en inglés), por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), para ser beneficiada con una convocación de la deuda externa que alcanza los 1.250 millones de dólares.
La condonación fue condicionada a que los fondos que iban a destinarse al pago de la deuda externa deberían servir para a financiar programas sociales de salud, educación y vivienda, sin embargo existen controversias entre funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil, sobre la forma en que deben manejarse los recursos.
En su momento el entonces presidente de honduras, Ricardo Maduro y su Ministro de Finanzas, Wiliam Chong Wong, calcularon que el total de la deuda externa hondureña podría situarse en unos 2.000 millones de dólares, de los 5.000 millones de dólares que sumaba en el 2005, esto, porque se sumarían reducciones de deuda adicionales logradas en otros espacios.