De acuerdo con el dirigente garífuna, Nahúm Lalin, “la comunidad que fue fundada en 1,958 enfrenta una fuerte presión de parte del proyecto Laguna de Los Micos ahora Indura |& Beach Resort, pretenden desalojar a toda la comunidad garífuna para que puedan ellos seguir con sus proyectos, que se suponen turísticos”.
Lalin, añadió que la participación de la comunidad garífuna en la zona “ha sido cero” pese a que en un inicio se habló de una sociedad que los participaría con un siete por ciento de los fondos, mismos que serían destinados a proyectos de las comunidades. “En realidad lo que se quiso fue desestabilizar a las comunidades algo que nunca se ha dado entre los garífunas, por lo que sabemos que han querido utilizarnos y manipularnos, pues nadie conoce el destino del siete por ciento”.
“La orden de desalojo ha sido denunciada varias veces y en parte por eso sabemos que se habían frenado, pero ahora en la Corte de Apelaciones hay una nueva orden de desalojo que se ejecutará este lunes 29 de septiembre”, explicó.
Ver además: E mpresa Nacional Portuaria promueve desalojo
Comunidad en alerta
De acuerdo con el garífuna los pobladores de la comunidad de Barra Vieja “están preparados para todo. Por lo que no permitirán se les arrebaten sus tierras”. La comunidad Barra Vieja está ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, al que en un comunicado la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, culpa de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de Los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.
A inicios del mes de agosto agentes policiales con órdenes de los tribunales de Tela realizaron el desalojo de 400 personas de la comunidad, argumentando que esas tierras pertenecen a la Empresa Nacional Portuaria. Tras el hecho, inmediatamente otras comunidades y organizaciones de derechos humanos acudieron a la zona en apoyo de Barra Vieja, denunciando los nuevos atropellos y arbitrariedades en contra del pueblo garífuna.
Induras beach & golf resort
Induras que en lengua garífuna significa Honduras, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño, en medio de la Bahía de Tela, una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.
Los planes para la construcción del complejo turístico nacieron en el año 2003 con la administración del gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, quien junto a un grupo de empresarios dieron origen al Fondo de Inversión en turismo, una instancia público-privada que sería quien concretaría el proyecto multimillonario.
Sin embargo, los mencionados cientos de kilómetros de preciosas playas caribeñas con aguas cristalinas y arenas blancas no se encuentran abandonadas. Gran parte de este territorio ha sido hogar a decenas de comunidades Garífuna por más de 200 años.
Impacto ambiental y crisis hídrica
Según se conoció, el complejo turístico ocupará más de 500 hectáreas de tierra, una franja de playa de tres kilómetros y se tiene pensado rellenar más de 80 hectáreas de la Laguna de los Micos para crear un campo de golf, en abierta violación a la Convención Internacional de Protección a los Humedales, conocida como (RAMSAR).
Otro impacto a tener en cuenta es el agravamiento de la crisis hídrica que están viviendo las comunidades de la zona, las cuales tendrán que competir con el proyecto turístico por el acceso al agua. Un tercer problema está relacionado con el cambio climático y la presencia de huracanes, ya que ese modelo de desarrollo turístico que destruye el medio ambiente va a dejar estas zonas mucho más expuestas a los daños provocados por estos fenómenos naturales.
El desalojo de la comunidad viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al desconocer la propiedad ancestral de nuestro pueblo sobre el paraje ocupado.
Por lo que la OFRANEH considera que el Proyecto de Bahía de Tela, conocido como Laguna de Micos y ahora Indura, “ha causado un enorme perjuicio a las comunidades garífuna, y forma parte del saqueo del país por su élite de poder”.
Desde el inicio de los años 80 comenzaron las especulaciones de tierras en la bahía de Tela, además de las amenazas y asesinatos de los opositores a la entrega del territorio de las comunidades garífunas. Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad San Juan, Tela.
Fuente: http://conexihon.hn
fecha: 24/09/2014