El contrato de concesión suscrito en el año 2000 entre la municipalidad sampedrana y Aguas de San Pedro se suma a otro de los contratos leoninos que, como siempre, van en detrimento de los abonados en general. Según consta en diversos documentos públicos que forman parte de la historia de esta concesión, la alcaldía ha incumplido el contrato con la no pronta entrega de terrenos en la Felipe Zelaya, 6 de Mayo, Cofradía y otros más para que la concesionaria construya tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales y otras obras. Tampoco ha concientizado a los sampedranos para permitir que cada uno de los barrios y colonias entreguen sus servicios de agua potable a Aguas de San Pedro.
La alcaldía tampoco fue oportuna al nombrar un consultor internacional para que a partir del tercer año de funcionamiento de la concesión él definiera los primeros ajustes tarifarios. Ante esos incumplimientos, de manera unilateral Aguas de San Pedro se atrevió a efectuar los ajustes que le convenían, a pesar que el contrato habla del primer ajuste de tarifas tras el dictamen del consultor internacional.
Para las Fiscalías Aguas de San Pedro no debió efectuar ajustes a las tarifas en los primeros tres años, pero la administración Larios Silva lo permitió. En ese tiempo, de manera extra oficial, se escuchó decir sobre la repartición de unos 3.5 millones de dólares entre el exalcalde Larios Silva y el expresidente del Congreso Nacional, Pineda Ponce, para permitir la firma del contrato por la municipalidad y su aprobación en el Poder Legislativo. Para despejar dudas la Fiscalía de Protección al Consumidor y de la Corrupción deben investigar cómo en el primer año se efectuaron dos ajustes, al igual que en el segundo año que osciló en un 20%. También es necesario esclarecer el rumor sobre esa repartición de dólares. Hay que investigar el otorgamiento de un Visto Bueno que un funcionario municipal dio para autorizar esos ajustes.
¿Por qué los dos cobros?
Al cabo de los tres años de la concesión, durante la administración de Óscar Kilgore, Aguas de San Pedro sí debió cobrar su primer ajuste tarifario, definido alrededor de un 9% por el consultor internacional. Este consultor cobró 125 mil dólares por honorarios. La peor de las “trastadas” en contra los abonados es que al cabo de los primeros tres años de la concesión, a parte del legal incremento del 9% legal, la administración Kilgore también aceptó y permitió los anteriores cobros que efectuó la concesionaria y se permitió la imposición de un doble ajuste a las tarifas. Es de investigar si los ajustes ilegales que efectuó Aguas de San Pedro fueron permitidos por la administración Kilgore a condición de también amarrar, “de manera sospechosa”, otro contrato de servicio y cobros por el servicio de la recolección de la basura de esta ciudad. ¿Cómo fue que el exalcalde y los regidores, incluido Rodolfo Padilla Sunseri, permitieron los dos cobros cuando únicamente debió ser el que definió el consultor internacional?