Los involucrados en golpe de estado, acusados en corte internacional penal

Los acusados ante ese Tribunal de Justicia destacan, el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, general Miguel Ángel García Padgett, jefe del Ejército, general Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Aérea, contra Almirante Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval y Daniel López Carballo, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto.

También aparecen en el listado que tendrán que responder por los crímenes cometidos contra la población indefensa por oponerse al Golpe de Estado, perpetrado el 28 de junio anterior, Salomón de Jesús Escoto Salinas, director general de Policía, Billy Joya Améndola, asesor de seguridad del gobierno de facto, ex paramilitar sindicado de violaciones de Derechos Humanos en la década de 1980.

Además figuran en la acusación en la Audiencia Penal Internacional Luis Alberto Rivera Aviléz, Fiscal General del Estado, José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional y diputados y diputadas que impulsaron al golpe de Estado.

La acusación fue presentada, según documento de 26 páginas, el 23 de septiembre de 2009, ante el Sr. Luis Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte General de la Corte Penal Internacional. La querella es presentada por Manuel Olle Sesé, Presidente de la Asamblea Pro Derechos Humanos de España, y Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

A su vez, en esta denuncia como actores principales del Golpe de Estado a Carlos Roberto Flores Facussé, ex Presidente de la República de Honduras, Jorge Canahuati Larach, propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, y José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro.

En la imputación establece que “el golpe de Estado, no se ha perpetrado en particular en particular contra el Presidente José Manuel Zelaya, al que le quedaban pocos meses de gobierno, sin posibilidad ninguna de presentarse como candidato a su sucesión presidencial, sino para impedir que el pueblo hondureño pudiera decidir democráticamente si quería o no que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente para lo cual mas del 60 por ciento de la población habría manifestado su apoyo en encuestas de opinión”.

Según la demanda los golpistas al perpetrar el cuartelazo el 28 de junio anterior han incurrido en lo siguiente: 1Delito Contra la Forma de Gobierno; 2 (Delito de Traición a la Patria; 3)Delito de abuso de autoridad y 4-Delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública y el Estado de Honduras.

La Resistencia Nacional sólo tiene que esperar que estos criminales sean juzgados.

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