Más bulla que beneficio, reformas al Pasivo Laboral

El pasivo laboral es el respaldo económico o indemnización al que los empleados tienen derecho por ley cuando son cesanteados o despedidos de las empresas en que laboran, según lo establece el artículo 120 del Código del Trabajo. Inicialmente, el tope por el que los trabajadores podían gozar del Auxilio de Cesantía era de ocho años. En el Gobierno de Flores Facussé se extendió a 15 años de vigencia.

En la presente administración se extendió para brindar el derecho a los trabajadores de obtener un 35 por ciento de las prestaciones al renunciar de sus empleos después de trabajar entre 15 y 25 años, entre otras prebendas. La reforma deja exentas a las pequeñas empresas con menos de diez empleados.

“Los beneficiados de la actualidad serán los empleados públicos puesto que el número de obreros que logran esa antigüedad es reducido en la empresa privada,” reflexiona el abogado laboralista Salvador Espinoza.
El Auxilio de Cesantía garantiza la estabilidad laboral conforme todos los trabajadores van acumulando las prestaciones. Es un derecho del que deben gozar todos los empleados, quienes brindan toda su energía al patrono, quien luego se queda con las ganancias que genera la empresa”, explica Espinoza. Para otros empleados la reforma al Pasivo Laboral no representa un beneficio, sino un un retroceso, puesto que en la práctica los patronos ofrecían un mínimo del 50% de prestaciones cuando el empleado renunciaba, y ahora la reforma faculta al patrono a otorgar un 35%.

Tres puntos fundamentales en esta reforma:
1. La ampliación de derecho de las prestaciones laborales hasta 25 años.
2. El derecho a un 75 por ciento de prestaciones laborales para los familiares en caso que el empleado fallezca.
3. El 35 por ciento de prestaciones laborales cuando el empleado renuncie.

En vigencia aumento para empleados públicos
El aumento del salario de los empleados públicos de 3,400 a 5,500 lempiras ya se encuentra en vigencia al ser publicado en el Diario Oficial de la Gaceta. Se estima que alrededor de 12 mil empleados públicos, serían beneficiados con dicho ajuste de salarios, debido a que actualmente reciben salarios que están por debajo del costo de la canasta básica de alimentación, transporte y salud. Zelaya argumentó que “es un ejemplo a los empresarios, para que hagan lo mismo con sus empleados y dejen de estar criticando al Gobierno”. El gobierno aseguró que el costo del ajuste salarial para el año 2008 será de aproximadamente 20 millones de lempiras. El periódico oficial La Gaceta en su número 31,758 publica el decreto sancionado por el presidente Manuel Zelaya en Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. Empleados por contrato no serán beneficiados El aumento al salario mínimo traerá mejoras salariales a obreros, conserjes, personal de aseo y otros empleados de bajos ingresos, que laboran para el Gobierno. Sin embargo la medida no es aplicable para todos los empleados, según lo manifiesta el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Andeph, Rodolfo Suazo, quien explica que los empleados regidos por contrato no serán incorporados en esta disposición sino que solamente los que pertenecen a la Asociación de Servicio Civil.

En Honduras, el salario mínimopromedio es de unos 3.428 lempiras mensuales y la inflación acumulada hasta julio pasado fue del 9,1 por ciento, según datos oficiales.

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