“Las decisiones las toma el Congreso y no gente ni grupos de la calle que tienen sus intereses. Ellos no nos van a decir cómo legislar, los verdaderos representantes del pueblo somos nosotros,
los diputados, así que les pido que no se dejen sorprender por esas protestas, porque no vamos aceptar imposiciones de ninguna naturaleza”, dijo Michelleti en un encendido discurso que exhortaba a preservar el “espíritu de cuerpo” en el Congreso.
Los legisladores aprobaron anoche, el segundo debate de la nueva
Ley de Transparencia y acceso a la información pública, horas después que organismos como la Alianza 72 y el Consejo Nacional
Anticorrupción, denunciaran en rueda de prensa los obstáculos que esa nueva herramienta representa para la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la democracia, gobernabilidad y precisamente la transparencia en Honduras.
La ley debe ser aprobada en tres debates según el reglamento del
Congreso, pero a juicio de Micheletti, “esa gente (la sociedad civil) nos quiere asustar, pero yo les digo a ustedes diputados: no teman, tengan confianza. Vamos a escucharlos como ha sido la costumbre, hasta vamos a traer a un mexicano para que nos explique, pero quienes legislan aquí somos nosotros”.
“Los vamos a escuchar en su momento, pero nadie le va a decir a los diputados lo que deben hacer, porque aquí estamos los que fuimos legítimamente electos como representantes del pueblo. Yo creo que con todos los pujidos (quejas) que puedan dar, aquí estamos los verdaderos representantes del pueblo”, exclamó Micheletti.
La Alianza 72 y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organismos que promueven una ley de transparencia en el país, informaron el lunes que el nuevo proyecto introducido al Congreso, contiene al menos cinco puntos lesivos para la transparencia, orientados más a afianzar la impunidad que a promover la participación de la ciudadanía, la auditoria social y la rendición de cuentas.
La redacción del nuevo proyecto de Ley de Transparencia incluso exonera a los gobiernos locales o municipalidades a rendir cuentas, lo que dificultaría, en la práctica, un seguimiento y monitoreo al destino que se dan a los fondos originados de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP), la que se presume contribuirá a bajar los niveles de indigencia en el país.
También, impide el acceso a la información pública cuando se trata de altos funcionarios del Estado, y paradójicamente de los propios diputados al Congreso. Además, excluye a las empresas del sector privado que manejan fondos públicos.
Otro de los puntos que constituyen un cerrojo a la ciudadanía es que los funcionarios públicos no están en la obligación de fundamentar por escrito( como era lo estipulado originalmente) la negación de solicitud de información.
Tanto la Alianza 72 como el CNA mostraron reservas en torno al órgano garante de la ley, encargado de su supervisión, monitoreo y ejecución, pues se crea una nueva figura que abre amplias condiciones
a la politización partidaria y no a la autonomía que debería tener.
Este órgano es el Instituto de Acceso a la Información Pública, similar al existente en México.
A diferencia de la propuesta contenida en la nueva ley de transparencia o impunidad, en México el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) goza de independencia, autonomía y credibilidad. En Honduras, la percepción de las organizaciones sociales es que el ente garante propuesto podría ser usado para captar información que corre el riesgo de ser utilizada con fines
políticos-partidarios; una especie de “cacería” entre partidos.
Este miércoles, la diputada del izquierdista partido de Unificación
Democrática (UD), Doris Gutiérrez, manifestó que su partido no apoyará la aprobación de la nueva ley porque “lejos de ser transparente, se ha vuelto más opaca y va a beneficiar más la corrupción y los corruptos”. Anunció una posición pública de su partido.
Antecedentes:
La Ley de transparencia y acceso a la información pública es una iniciativa de la sociedad hondureña que fue gestada hace más de tres años, período en que ha sido ampliamente consensuada, no obstante, en su camino ha sufrido varias modificaciones, siendo la última un nuevo proyecto introducido por la presidencia del Congreso, desconociendo el consenso a lo externo e interno de la cámara.
Este nuevo proyecto sorprendió no sólo a las organizaciones sociales y algunos congresistas, sino que develó también los movimientos a lo externo del Congreso, al asegurar las organizaciones de la Alianza 72 y el CNA que la nueva propuesta obedece a “influencias de algunos grupos de poder para evitar que se conozcan los manejos que se hacen con los recursos públicos”.
Fuente:
Esta alerta es responsabilidad del Comité por la Libre Expresión (C-
Libre), una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras y es distribuida a través de
Probidad. Para mayor información comunicarse con Noé Leiva ó Thelma
Mejía del Comité por la Libre Expresión (C(Libre), Email: c)
libre@multivisionhn.net, thelma_mejia@yahoo.com