El Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras manifiesta que en este país no hay condiciones mínimas para celebrar elecciones libres, en particular por las graves violaciones de derechos humanos cometidas como consecuencia del golpe de Estado. Dado este panorama, sostenemos que no existe una garantía que todos y todas las hondureñas podrán ejercer sus derechos políticos en forma segura y sin intervenciones ilegítimas.
Desde el pasado 1 de septiembre inició oficialmente el período de campaña en Honduras con miras a la celebración de las elecciones nacionales el próximo 29 de Noviembre. Este período inicia en el marco de la existencia de un golpe de Estado que ocurrió el 28 de junio anterior cuando las Fuerzas Armadas hondureñas en connivencia con otros órganos estatales decidieron expatriar violentamente al Presidente Manuel Zelaya Rosales y romper el orden constitucional en este país.
Este hecho fue condenado en forma unánime por la comunidad internacional y tuvo como una de sus consecuencias que el día 4 de julio del 2009 la Organización de Estados Americanos aplicara el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspendiera al Estado de Honduras en el ejercicio de sus derechos de participación dentro de la organización. Actualmente el gobierno de facto del señor Micheletti se encuentra aislado políticamente.
En este contexto de ilegalidad no es posible llevar a cabo elecciones libres. No sólo porque las mismas se convocan por un gobierno ilegítimo sino porque no existen otras garantías indispensables para el ejercicio de los derechos políticos por parte de la población. De acuerdo con el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
La Comisión Interamericana ha señalado que el sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto de los derechos políticos. Por su parte, la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 8 señaló que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.
En Honduras no se respetan ni garantizan los derechos humanos de un sector de la población. Tal y como fue constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay “un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.”
Por su parte, el Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas afirmó “que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado”, a su vez cuestionó en su informe la legitimidad de “una campaña electoral con un régimen de facto en el que no existen garantías plenas para el ejercicio de la libertad de organización y expresión, en el que no existe el derecho a la información y en el que no se sabe quién ejerce realmente el poder”.
En Honduras tampoco están funcionando adecuadamente las garantías de protección de los derechos. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público están cumpliendo con su mandato constitucional, sus actuaciones no sólo han respaldado y fortalecido al gobierno de facto sino que además se ha dejado a un sector de la población sin acceso a ningún tipo de protección judicial.
Por otra parte, es evidente que el gobierno de facto organiza estas elecciones como mecanismo para legitimar sus actuaciones, y así garantizar la impunidad por los delitos políticos y violaciones de derechos humanos cometidos tras del golpe de Estado. La estrategia de este gobierno es obtener más tiempo, consolidarse en el poder y seguir obstruyendo el Acuerdo de San José con miras a lograr que la comunidad internacional reconozca los resultados de las elecciones en noviembre.
Así, la única forma de obligar al gobierno de facto a regresar a la mesa de diálogo es mediante el mensaje unánime de la comunidad internacional señalando que no reconocerán los resultados de dicho proceso electoral.
En este sentido, el Observatorio Internacional sobre la situación de derechos humanos en Honduras celebra la posición expresada públicamente por los países de la UNASUR, y más recientemente por el gobierno de los Estados Unidos de América, en cuanto a que no reconocerán los resultados de las elecciones que están siendo convocadas por el gobierno de facto.
A la vez, hacemos un llamado vehemente al resto de la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea para que envíen un mensaje claro de rechazo a estas elecciones y se tomen las medidas pacíficas que sean necesarias para restablecer el orden constitucional en Honduras.
El Observatorio Internacional sobre la situación de derechos humanos en Honduras es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de derechos humanos de América y Europa que surge como resultado de la visita celebrada por una Misión Internacional de verificación y debido a la necesidad de realizar un monitoreo y denuncia permanente sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren como consecuencia del golpe de Estado en dicho país.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)
Suedwind-Austria
IBIS – Dinamarca
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (IDHUCA-El Salvador)
Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)
Alianza Social Continental
Enlazando Alternativas
Solidaridad Mundial-Bélgica
Comun-Noticias
Lunes 07 de septiembre 2009