Cargando las fotos de sus parientes y camisetas con los rostros de ellos, gritaban “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “dónde están los secuestradores? están aquí”. “qué exigimos para nuestros familiares: libertad”, llegaron con la intención de entregar una carta al ministro, pero prevaleció la intolerancia y se dejó evidenciado que la política represiva solamente cambió de rostro.
Se trata de 13 nuevas familias que han sufrido la desaparición de un pariente desde febrero de 2010 a agosto de 2011. Todas llegaron al COFADEH con la angustia y el pesar en sus espaldas.
Los nuevos casos de desapariciones forzadas son las de Osmin Obando Cáceres (22), desparecido 13 de junio de 2010, en Tela. Atlántida; Denis Alexander Russel (19), desaparecido el 13 de julio de 2010, en El Progreso, Yoro; Vilmar Edmundo Talavera Avilez, desaparecido el 15 de julio de 210, Tocoa, Colón; Samuel Josué Pastrana Molina, desaparecido el 07 de febrero de 2011, en El Paraíso; Francisco Pascual López desaparecido desde el 15 de mayo de 2011, en Rigores, Colón.
Se suman las de Kelvin Omar Andrade Hernández (18), desaparecido el l 11 de junio de 2011, en Catacamas, Olancho; Mauricio Joel Urbina Castro (34), desaparecido el 02 de agosto de 2011, en La Ceiba, Atlántida; Oscar Elías López Muñoz (49), desaparecido el 21 de agosto de 2011, en Chamelecón; Mauririo Joel Urbina Castro (24), desaparecido el 02 de agosto de 2011, en San Pedro Sula y José Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011.
El COFADEH distribuyó un comunicado a los medios de comunicación donde señala que “Los escuadrones asesinos de “mano blanca”, los “controladores aéreos” y los ex agentes del batallón de la muerte 3-16 en su condición de “asesores” de la policía, siguen agazapados asechando a la ciudadanía como fieras sedientas de sangre”. Vea comunicado completo.
Al principio se informó a través de una mujer con uniforme policial que sería recibida una comisión de los familiares por el Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, pero lo que en realidad pretendía era enlistar los nombres de todas las personas que asistieron al plantón frente a esa institución del Estado.
Los familiares solicitaban que el propio ministro Bonilla recibiera una carta que el COFADEH les entregaría donde detalla cada uno de los casos y demanda que se investiguen cada uno de ellos castigando a los responsables.
Nuevo ministro saca comandos y antimotines para intimidar a familiares
La petición fue infructuosa porque alrededor de una hora después de haber llevado y permanecer gritando consignas para que sus parientes sean regresados con vida, llegaron dos patrullas policiales, un escuadrón de antimotines que se apostaron a la entrada de la Secretaría para que no pasaran los familiares, un comando del Escuadrón COBRAS y hombres de civil en los alrededores, en actitud amenazante contra los familiares.
No venimos a pelear, al COFADEH no le gusta pelear lo que hacemos siempre es decir la verdad, dijo Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH ante la negativa final de evitar a toda costa que las familias dejaran aunque fuera en la recepción la carta con las peticiones.
Hay patrones claros que indican que presumamos la participación de las fuerzas policiales y militares y de agentes del Estado de Honduras, la poca acción para recibir la denuncia de los propios familiares de las víctimas nos está indicando que hay una complicidad absoluta y que lejos estamos de romper estas cadenas de impunidad que se han estado gestando contra el pueblo hondureño.
Por eso creímos que era oportuno entregar una nota para que el día de mañana no fueran a decir que las informaciones escuetas que estamos dando no tienen las fechas y las circunstancias de cómo se dieron las desapariciones forzadas de hoy, por eso hemos querido venir para dar testimonio público, para continuar la discriminación junto a ese pueblo que exige con vida a sus familiares.
En algunos casos antes de las 24 horas ejercimos Habeas Corpus Nacional y uno a nivel internacional y aún así no se ha dado respuesta, por eso creemos que está muy lejos la posibilidad de respeto de los derechos humanos en nuestro país y con esto lo que indican es que están dispuestos a implementar esa práctica oprobiosa de la desaparición forzada desde los organismos del Estado de Honduras, y en este caso desde la Secretaría de Seguridad.
Lejos de ver que se aproxima el ministro de Seguridad para recibir la nota han enviado antimotines y eso me asusta porque no venimos armadas, nuestra propia arma es la doctrina de los derechos humanos, el respeto a los mismos, y esa es una intimidación y de fuerza hacia los familiares que lo que esperan es una respuesta, “aquí hay gente de Olancho, Tegucigalpa, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, El Progreso. Por eso es el momento de parar la desaparición forzada e iniciar una investigación”, señalo Oliva.
Un oficial de apellido Ruíz ordenó que ni siquiera dejaran entrar a tres representantes de los familiares a la recepción a entregar la nota, policías atravesaron sus escudos y el oficial dijo que consultaría por teléfono, pero a los minutos expresó que no había nadie y que no podían dejar la carta al ministro Pompeyo Bonilla. Las excusas fueron y vinieron, antes una policía informó que era hora de almuerzo y que hasta la una de la tarde, las familias esperaron pacientemente, no obstante se trataba simplemente de una negativa a recepcionar la carta.
Creímos que ya no habrían más desapariciones forzadas
En la década de los 80 en que nace el COFADEH varias familiares sufrieron la pérdida de uno de sus familiares por razones políticas. Los cuerpos de seguridad los secuestraron e iniciaron campañas de intimidación y desprestigio contra los familiares, pero esta organización logró probar que lo que se estaba dando en el país era este crimen contra la humanidad, cuyos autores materiales e intelectuales estaban en el propio Estado.
El Estado hondureño fue condenado en casos de desaparición forzada por ejemplo de Manfredo Velásquez, secuestrado y desaparecido el 12 de septiembre de 1981, por siete hombres de civil que lo obligaron a subirse a un carro Ford, desde esa fecha nunca más sus parientes lo volvieron a ver.
En Julio 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Honduras responsable de la desaparición de Velásquez.
El Estado también fue sentenciado en el año 1989 por el caso de Saúl Godínez Cruz, secuestrado y desaparecido el 22 de julio de 1982, después de haber salido de su casa en motocicleta .Un testigo vio a una persona cuya descripción coincidía con la de Godínez en el momento de ser detenido por un hombre que vestía uniforme militar, acompañado por dos personas vestidas de civil, quienes lo habrían introducido, junto con su motocicleta, en un vehículo de doble cabina sin placas. Según algunos vecinos, la casa de Godínez había sido vigilada, presumiblemente por agentes de investigación, en los días anteriores a su desaparición.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto
Sin embargo aunque se creía que ya no habría más desapariciones forzadas de personas en Honduras, esta lesiva práctica se ha reiniciado.
El contexto en que se dan las actuales desapariciones es con la utilización de hombres encapuchados que asaltan las casas donde están las víctimas ó las siguen y detienen con toda impunidad. Al momento de su arresto se han identificado como policías y los carros en que llevan a los capturados han sido vistos en uso policial.
El COFADEH ha presentado Habeas Corpus en los casos que las familias han denunciado, además de la correspondiente acción ante el Ministerio Público, pero en ninguno de los hechos se han iniciado investigaciones y la angustia de los familiares crece todos los días.