Las organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, al Pueblo Hondureño manifestamos lo siguiente:
1. Que la Comisión de Minería del Congreso Nacional, al mando del diputado Donaldo Reyes Avelar, con el apoyo de DEFOMIN, representantes de la empresa privada y empresas mineras, alistan un borrador para la aprobación de la nueva ley de Minería, hecho que estaría sucediendo en el mes de diciembre de este año, una vez pasadas las elecciones primarias.
2. Que desde nuestra Coalición hemos hecho oposición a las pretensiones del Congreso Nacional de aprobar a inicios de este año, una ley inconsulta y a todas luces lesiva para el interés nacional y para las comunidades que serían directamente afectadas por más de 400 concesiones que entrarían en vigencia al aprobarse esta ley.
3. Como resultado de estas presiones el Congreso Nacional organizó entre los meses de Junio, Julio y Agosto una serie de jornadas de “Socialización”, en las que se ha pretendido limitar y evitar la participación de la ciudadanía mediante estrategias tales como el cambio de las fechas y los lugares de las jornadas sin comunicar estos hechos a las organizaciones sociales o comunicando a última hora estos cambios maliciosos.
4. Las organizaciones de nuestra Coalición decidimos participar en las jornadas de “Socialización”, como también en las reuniones de la comisión técnica creada para integrar los aportes de los diferentes sectores. Nuestra participación iba encaminada a denunciar los atropellos contenidos en esta ley y defender la soberanía territorial, los derechos humanos de las poblaciones amenazadas por las concesiones mineras que este proyecto de ley permitiría de manera arbitraria, olvidando los intereses de las comunidades, los gobiernos locales y el país en general.
5. Que las jornadas de socialización llevadas a cabo en distintas regiones del país, resultaron ser un show mediático más, del que nos tienen acostumbrados los políticos. Hemos podido constatar que los diputados de la Comisión de Minería han desconocido los aportes de las comunidades y gobiernos locales en las jornadas de la comisión técnica donde se discute la revisión de este proyecto de ley. Esta situación significa una clara manifestación de burla y menosprecio a los hombres y mujeres que con grandes esfuerzos se desplazaron a distintas zonas del país para expresar su contundente rechazo a la explotación minera a cielos abiertos y exigieron se respetara su derecho a decidir si se permitía o no un proyecto minero en sus territorios.
6. Que el ministro de la SERNA manifestó a lo interno del espacio de la Comisión Técnica que la ley de minería “se aprueba, porque se aprueba” a más tardar en el mes de diciembre de 2012, dejando entrever que esto es una decisión ya tomada y que los funcionarios de Estado involucrados en este proceso, solo buscan legitimar esta determinación hecha a espaldas del pueblo Hondureño.
7. Que las discusiones de los aspectos primordiales demandados por la Coalición y por la población en general, se han ido postergando sin tomar decisiones definitivas, tal es el caso de la prohibición de la minería a cielos abiertos, mismo que fue exigido por la población en todo el país; así como la obligación del Gobierno Central de someter a consultas previas cualquier solicitud de concesión minera con las comunidades y gobiernos locales, antes de la aprobación de las mismas, obligándose el Estado a respetar y cumplir con el mandato popular.
8. De igual forma la Comisión de minería postergó la propuesta para evitar que las comunidades y sus fuentes de agua fueran excluidas de los sitios de concesionamiento minero, limitando estas últimas exclusivamente a proteger las fuentes de agua ya declaradas e inscritas.
9. Así mismo la Comisión de Minería del Congreso de la República se opuso a la modificación del artículo que le da carácter confidencial a toda la información técnica y financiera de las empresas mineras, en abierta violación al Derecho de la ciudadanía de recibir información suficiente, de manera especial en la realización de proyectos susceptibles de contaminar o generar un grave riesgo para la vida y la seguridad de las personas y el medio ambiente, tal y como lo exige la Convención de Rio, sobre el principio de Precaución y lo que mandan las leyes y políticas de Transparencia en materia financiera.
10. Finalmente tanto la Comisión de minería como los mismos empresarios han expresado su oposición a incrementar sustancialmente los tributos y tasas para el gobierno central y las municipalidades, privilegiando así el lucro y la acumulación de las corporaciones mineras transnacionales y sus testaferros nacionales.
11. En este contexto que desnuda el evidente sesgo de la comisión de minería por defender los intereses de las empresas mineras, así como las agresiones verbales de que han sido objeto nuestros representantes por parte del presidente de la Comisión de Minería y el representante del gremio minero, Santos Gavino Carbajal, hemos tomado la determinación de retirarnos de este espacio, haciendo pública nuestra denuncia y rechazando las artimañas de los personajes aquí nombrados, quienes probablemente actúan bajo la asesoría de representantes y consultores de gobiernos extranjeros interesados en desarrollar proyectos mineros que principalmente traerán saqueo y destrucción de nuestros recursos naturales.
12. Reiteramos que en ningún momento claudicaremos en nuestra lucha y por ello no estamos dispuestos a avalar leyes apátridas que atentan contra los intereses de nuestras poblaciones, que comprometen la soberanía territorial y que exponen a nuestras poblaciones a la destrucción.
13. Responsabilizamos a los miembros de la Comisión de Minería del Congreso de la República, quienes en forma prepotente y soberbia controlan ese espacio de supuesta discusión tan solo para legitimar lo que ya dan por aprobado. Sospechamos que existe fomento de la corrupción, cooptación y la compra de voluntades para dar lugar a los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Llamamos a todas las organizaciones sociales de nuestro país a mantenerse alerta ante cualquier intento de la Cámara Legislativa de aprobar una ley en la que no se ha respetado la opinión y los intereses de la ciudadanía hondureña. Igualmente recordamos a los diputados del Congreso Nacional que al ceder a las presiones para aprobar esta lesiva ley, la historia los señalará por condenar a nuestro país a una nueva fase de destrucción de la naturaleza, así como por ser causantes de la conflictividad social que se generaría al obligar a las comunidades a arriesgar sus vidas para la defensa de sus territorios y sus bienes naturales.
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre de 2012
COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES