Desde finales de los años 80, Honduras comenzó a recibir un número creciente de visitas de compañías mineras que ya para mediados de los 90 habían estudiado y reconocido el potencial minero de nuestro país.
Desde entonces se inicia una piñata de concesiones sin consultar ni informar a ninguna de las comunidades que serían afectadas, impuestas mediante la corrupción de autoridades.
En la medida que se han informado las comunidades comenzaron primero a protestar y exigir la cancelación. Así ha sucedido en Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, en la Zona Sur del país, Valle de Siria, Minas de Oro en Comayagua, El Paraíso, Olancho y en otros departamentos, porque se sabe que las concesiones están en todo el país.
Se ha desarrollado en forma progresiva una resistencia de las comunidades afectadas, de la población en general y de organizaciones ambientalistas, populares y algunas organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo las empresas mineras han contado con un fuerte apoyo de los gobiernos con sus aparatos administrativos y las fuerzas militares y policiales. Asimismo tienen alianzas entre ellas y fuertes “influencias” en los medios de comunicación. Funcionan con préstamos de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y otros que los respaldan en sus intenciones.
La escalada de la explotación minera se extiende en toda Centroamérica y por lo tanto se requiere hacer un frente común nacional, centroamericano y latinoamericano.
Se demanda la solidaridad internacional para realizar con mayor fuerza y unidad la lucha contra la explotación minera.