En la actividad desarrollada por el Centro de Derechos de Mujeres hubo participación de los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, Oficina Municipal de la Mujer, las mujeres policías, Ministerio del Trabajo y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quienes reconocieron que la aplicación del decreto constituye discriminación en contra de las obreras y obreros de los cinco departamentos afectados, sobre todo porque violenta el principio de igual salario para igual trabajo.
Decreto
En el marco de las negociaciones del Salario Mínimo para el año 2007, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), José María Agurcia, presentó la propuesta de regionalización del salario mínimo diferenciado para los departamentos de Olancho, El Paraíso, Valle, Santa Bárbara y Choluteca, justificando la necesidad de inversión para las zonas. Según los empresarios el crecimiento acelerado de la informalidad en el sector agropecuario, manufacturero, comercio y servicios, tiene implicaciones negativas para el trabajador y el Gobierno.
La propuesta de los empresarios contemplaba diez años de aplicación y por esa razón fue rechazada por los representantes de la CUTH y de la CGT, que siempre estuvieron de acuerdo en que la diferenciación se diera por cinco años. No así la CTH, dirigida por Altagracia Fuentes, que en todo momento estuvo inclinada a complacer el gusto de la empresa privada.
Es así como el 18 de enero del año pasado el gobierno, los empresarios y la CTH aprobaron el acuerdo de regionalización salarial que establece que durante diez años, los trabajadores de los departamentos Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara y Valle, devengarán veinte lempiras menos del salario mínimo establecido en el país. El convenio fue legalizado a través del Decreto Ejecutivo STSS 041-07.
La disposición estará vigente hasta el año 2017, aplicable a todas las empresas que se instalen en los cinco departamentos señalados, con excepción a las relacionadas con la agricultura, caza, pesca y transporte, entre otros rubros. Esto evidencia la intención del gobierno por favorecer a la industria de la maquila.
Salario Mínimo
Una investigación realizada por el Centro de Derechos de Mujeres constata que el salario percibido por las obreras de las maquilas únicamente alcanza a cubrir el 51 por ciento del gasto en una familia de cinco personas. No obstante, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y la voraz empresa privada hondureña, cada día demuestran que no les importa las condiciones de vida de los trabajadores.
Denia Rodríguez, Delegada Departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en Santa Bárbara, lamentó el anonimato con que se ha manejado el tema de la diferenciación salarial y dijo que es necesario establecer alianzas con las diferentes organizaciones a fin de restituir el derecho de los trabajadores, porque el decreto de salario diferenciado constituye una violación a la ley.
“La Ley es clara y todos tenemos los mismos derechos, y a trabajo igual, salario igual. Por eso consideramos que es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres que trabajan en las maquilas no solo de Santa Bárbara, sino también de los otros departamentos incluidos en el decreto” manifestó.
Por su parte José Teófilo Núñez, jefe regional del Ministerio del Trabajo en Santa Bárbara, asegura que la aplicación del salario diferenciado es una medida impopular, pues previo a su aprobación no hubo consulta a la población que saldría afectada.
Lamentó el funcionario que la canasta básica se dispara hasta tres veces en el año, mientras que el salario solamente sube una vez y en proporciones raquíticas. Y “yo no estoy de acuerdo con la diferenciación salarial porque los obreros de Santa Bárbara sufren los incrementos en los precios de la canasta básica igual que los trabajadores de los otros departamentos del país”.
Derogación
Tomado en cuenta que las obreras (os) de los cinco departamentos incluidos en el Decreto de Diferenciación Salarial tienen igual derecho que las trabajadoras del resto del país, el Centro de Derechos de Mujeres continuará desarrollando actividades con el propósito de involucrar a la población en la lucha por la derogación del referido instrumento jurídico.
La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular también ha incluido en sus demandas la invalidación de esta disposición.
Gerey