* COMUNICADO*
San Pedro Sula. 29 de junio 2007 .
La Instancia para la Responsabilidad Social y el Trabajo Digno IRSTD, una alianza a nivel de Centro América y República Dominicana, en la que participan: el Centro de Investigación y Acción Femenina (CIPAF), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), la Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (COVERCO), el Equipo de Profesionales en Auditoria Social (PASE), la Asociación de Promoción y Asesoría Laboral (ASEPROLA) y el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), por este medio se manifiesta solidariamente ante el caso de los trabajadores y trabajadoras despedidos de la Fabrica Alcoa Fujikura Limitada (AFL), ubicada en la Zona de Procesamiento Industrial ZIP El Porvenir de El Progreso, Yoro, de la siguiente manera.
Desde el mes de Mayo de los corrientes, un grupo de trabajadores y trabajadoras de la Fabrica de Arneses AFL, tomo la decisión de organizar un sindicato, nombrando la junta directiva el 2 de Junio, en uso del derecho que la Constitución de la Republica, el Código del Trabajo, los Convenios Internacionales y otras leyes garantizan a los/las trabajadores/as hondureños.
El 12 de Junio del presente año, más de 100 trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores Alcoa Fujikura Honduras (SITAFLH), recientemente organizado, fueron despedidos/as, coincidiendo este despido con la presentación de los documentos que inician el trámite legal para la obtención de su personería jurídica. A la fecha suman 150 personas despedidas, violentándose el derecho a la estabilidad laboral una vez ejercido el derecho a la organización sindical. Esta violación ha dado lugar a acciones ante las autoridades centrales del Ministerio de Trabajo en la capital de la republica, obteniéndose una resolución para el reintegro de los/las despedidos/as, quienes, conforme a ley deben contar con la protección estatal.
En fecha 20 de Junio, una Comisión integrada por el Director regional del Ministerio de Trabajo de El Progreso Yoro, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, el apoderado legal de los trabajadores/as y directivos del Sindicato, se hizo presente en las instalaciones de la Fabrica para que se procediera al reintegro de los/las trabajadores/as, como en derecho corresponde.
Sin embargo, el reintegro no fue posible ya que de manera prepotente e irrespetuosa hacia trabajadores/as y funcionarios del Estado hondureño, no se permitió el ingreso de esta Comisión a las instalaciones de la empresa ALCOA, y por lo tanto, los/las trabajadores/as continúan en situación de despido, lo que constituye una muestra mas de la debilidad institucional del Estado hondureño al no poder garantizar la protección que la legislación establece para las personas que se organizan sindicalmente.
En fecha posterior la Municipalidad de El Progreso, Yoro y la Cámara de Comercio de esta ciudad emitió un pronunciamiento con el siguiente encabezado: El Progreso a favor de la Industria de la Maquila. En el mismo se resalta la responsabilidad social de las empresas instaladas en la Zona de Procesamiento Industrial ZIP Porvenir, donde se encuentra la fabrica AFL indicando que la misma se traduce en aportes significativos a instituciones educativas, religiosas y proyectos de inversión social, tildando de inescrupulosas a las organizaciones que expresan públicamente su malestar por el comportamiento de una de las empresas, entendiéndose que se refieren a las manifestaciones de apoyo a trabajadores y trabajadoras despedidos de AFL. Sin embargo, las autoridades edilicias y representantes del empresariado, en ningún momento hacen referencia al irrespeto del cual han sido objeto funcionarios del Estado hondureño y la misma legislación hondureña.
En este sentido, queremos manifestar que la IRSTD promueve la Responsabilidad social y el trabajo digno, como requisitos fundamentales de toda inversión; que para nuestra coalición el trabajo digno implica, una remuneración que permita satisfacer las necesidades materiales, sociales, culturales y espirituales de las personas y sus familias; un ambiente seguro y saludable para el trabajador o trabajadora y para sus familias, y sobre todo implica el RESPETO DE LAS LEYES, DERECHOS Y DEBERES de ciudadanos y ciudadanas.
La IRSTD, también identifica la Responsabilidad Social con las prácticas, estrategias y políticas empresariales que se orientan en primer lugar a cumplir con la ley, entendiendo por ésta no solamente la legislación del país anfitrión, sino las reglas internacionalmente aceptadas tales como los convenios de la OIT, convenciones sobre derechos humanos, entre otros.
A partir de lo expuesto, la IRSTD considera que en el caso de los trabajadores y trabajadoras despedidos por la gerencia de ALCOA, existe una clara violación a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas despedidas, a la Constitución de la Republica, al Código del trabajo, y demás Convenios Internacionales ratificados por el Estado hondureño. Que además, se ha actuado en contra de los principios que se promueven a nivel mundial sobre responsabilidad social y, lo que es mas grave, se ha irrespetado y violentado el derecho de un Estado, en este caso el hondureño a hacer valer las leyes y procedimientos establecidos para la protección de la población trabajadora, tal y como se evidencia con el rechazo de que fuera objeto la Comisión.
La IRSTD plantea que en la medida en que el Estado hondureño no haga valer el derecho a la protección estatal que asiste a estas personas, se estaría confirmando, una vez mas, el acelerado debilitamiento de los estados nacionales, el cual continua en función de los intereses del capital y el libre comercio; de esta manera los gobernantes pierden la perspectiva y olvidan la urgencia de defender la dignidad de los pueblos, como una garantía de un futuro digno para las generaciones futuras.
La IRSTD se solidariza con las trabajadoras y trabajadores de AFL y hace un llamado a las autoridades hondureñas para garantizar el acceso a la justicia de los trabajadores/as de Alcoa Fujikura Limitada (AFL), en los términos que establece su legislación nacional y la legislación internacional. Del la misma manera, extiende este llamado a las Compañías o Empresas que invierten en la región centroamericana a partir de propuestas sobre responsabilidad social empresarial, a fin de manifestar su repudio a acciones de esta naturaleza que ponen en entredicho estas mismas propuestas.
Una actitud enérgica ante estos atropellos, apegada a la ley y a los postulados en materia de derechos humanos, contribuirá en gran medida a fortalecer los Estados centroamericanos y el bienestar de la ciudadanía. El despido en AFL no es un problema solamente de los/las trabajadores/as de Honduras, es un asunto que compete a la ciudadanía centroamericana comprometida con el desarrollo y la democracia.
Coordinación IRSTD