Una ley sobre todas las aguas

La Ley General de Aguas que está en agenda para ser aprobada en el Congreso Nacional de la República regula todas las gestiones para la “conservación, protección, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico o aguas de la Nación, sus ecosistemas y otros recursos vinculados a estas”. (Art.1) El anteproyecto de Ley está listo desde el año 2004 y el presidente del Congreso Roberto Micheletti anunció que será aprobada en este año 2008. De esa manera quedaría derogada la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales del 9 de abril de 1927, sus modificaciones y cuantas disposiciones legales se opongan a la nueva Ley. La nueva Ley plantea que el agua es un bien común propiedad del Estado, constituye un recurso natural estratégico para la nación y su consumo por las personas tiene aplicación preferente y privilegiada.

Pero entre los mismos principios (artículo 2, inciso “f”) establece que “el agua tiene un valor económico en todos sus usos y aplicaciones”. Asimismo en la gestión del recurso hídrico, además del gobierno y las comunidades, se incluye al sector privado. Pasa a manos privadas Si la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento es el soporte legal para privatizar los sistemas de agua potable, esta Ley General sería el instrumento legal para “concesionar”, es decir privatizar, todas las aguas del país. No se escapa ninguna. En el artículo 4 propone que será aplicada a “las aguas continentales, superficiales y subterráneas, las aguas marítimas y otras comprendidas en el ciclo hidrológico, así como, sus elementos accesorios y sobre los cuales ejerza soberanía o derechos el Estado de Honduras”.

El anteproyecto en su artículo 38 dice que “Todas las aguas son de dominio público nacional, sus espacios de cabida como lagos, lagunas, acuíferos, causes y lechos, plataformas marítimas, pantanos, espacios de apresamiento, espacios de cursos continuos o discontinuos como cauces de ríos, vaguadas, canales naturales, obras de infraestructura como represas, canales, acueductos”. El problema está que en el segundo párrafo del mismo artículo 38, da la posibilidad de entregar todos esos recursos “de dominio público” a manos privadas: “El uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y cualquier forma de aprovechamientos de los mismos y sus elementos conexos serán regulados y administrados o concesionados por el Estado en la forma que señale esta Ley. En igual sentido serán administrados la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados”.

Además, basadas en esa Ley General se plantea la creación de leyes especiales sobre “aguas marítimas, pesca, aguas para consumo humano, protección de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y cualquier otra que requiera de una normativa particular”. También reparte las aguas Uno de los objetivos de la Ley es “Establecer el marco de dominio y titularidad de los derechos del agua”, en otras palabras quiénes serán los dueños de la misma. En ese mismo artículo (art.6) dice que definirá “el marco de competencias, funciones y responsabilidades de la administración pública en la gestión de los recursos hídricos” y establecerá las disposiciones para los procesos de descentralización y participación ciudadana en la gestión hídrica.

Debe recordarse que bajo la figura de participación ciudadana se han entregado muchos bienes del Estado a particulares para que hagan negocio. Lo han hecho disfrazados de cooperativas como en el caso del bosque, ONG en el caso de la salud, empresas mixtas como en los servicios de agua potable, Asociaciones Comunitarias en la Educación y diversas Fundaciones supuestamente ecologistas para acaparar otros recursos.

Es decir que en la Ley todas las aguas serán del Estado, pero sólo para repartirlas a particulares para su aprovechamiento. En el artículo 114 la Ley que piensan aprobar dice que “La Autoridad del Agua creará un Catastro General de Obras y Recursos Hídricos, superficiales y subterráneos, en el que se incluirán las obras hidráulicas existentes en el país y su estado, así como la ubicación de cursos de agua, lagos, lagunas, acuíferos, pozos, vertientes y demás fuentes incluyendo los volúmenes que ofrecen y los aprovechamientos existentes”. Es decir que al final lo que nos quedará será un inventario para saber cuánta agua tenemos, donde está, en manos de quien y como la están aprovechando o destruyendo.

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