En una carta entregada, hoy, por una comisión del FNRP al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, le piden que informe sobre los “avances de las medidas” para “restaurar” el sistema democrático, que le plantearon antes ,en una carta fechada 08 de abril de 2010, en la que le detallaron la situación de “ingobernabilidad y ausencia de legitimidad, por falta de democracia” en Honduras.
Denuncian ante al Secretario de la OEA, que los crímenes y la corrupción de la dictadura de Roberto Michelletti continúan en “impunidad total” y que el Estado y su administración siguen en “militarización, con asesinatos, masacres, persecución política, amenazas, criminalización” de los líderes sociales y políticos y su lucha por los derechos de la ciudadanía hondureña.
El FNRP ratificó, en la carta, como “ilegitimo” al régimen de Porfirio Lobo, porque después del golpe de Estado no se efectuó una Constituyente para restaurar la institucionalidad, más bien se militarizó un proceso electoral que no tuvo respaldo popular, y la “abstención fue la más grande en la historia de Honduras”, y tampoco hubo presencia de garantes como la OEA, la ONU, o la UE, explican.
Piden “establecer” el retorno incondicional de José Manuel Zelaya Rosales, y de “los más de 200 exilados por persecución judicial política”, además de la libertad inmediata de los “presos políticos” y el cese de la “persecución política contra los miembros de la Resistencia.”
En el escrito, el Frente reclamó a Insulza que “su presencia en apoyo” de Comisión de la Verdad [en Honduras] “no está en consonancia” con las resoluciones de la ONU, de la OEA, y de otros organismos latinoamericanos que sustentan la “defensa de la soberanía popular” y que demandan como necesario para restaurar la democracia, “instalar una asamblea constituyente para un nuevo pacto social.”
Porque la Comisión de la Verdad, dice en la carta, es “espuria” por haberse nombrada “unilateralmente y sin consenso”, por responder a la política Internacional de Estados Unidos (EU), por haberse impuesta en el acuerdo Tegucigalpa-San José, “fracasado al haberlo incumplido el régimen de facto” y declarado “letra muerta” por Manuel Zelaya, en noviembre de 2009, señalan que su finalidad es la de “blanquear” el Golpe de Estado.