Desde el regreso a Honduras del Presidente Manuel Zelaya, el régimen de facto ha tomado mayores medidas represivas, en adición a previas violaciones de derechos y liberta de civiles básicas que han sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y todas las ONGs principales de Honduras en derechos humanos entre otras.
De conformidad a informes de los medios y organizaciones de derechos, el regimen a dispersado de manera violenta reuniones de hondureños en frente de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa con gases lacrimógenos, garrotes y balas de hule, resultando en muchos heridos incluyendo fatalidades reportadas.
Mientras el sitio a la Embajada es una seria violación a la Convención de Viena, mayor es el amplio asalto contra el pueblo Hondureño que ha desatado el régimen golpista.
El 22 de septiembre, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó que “tomando en cuenta los informes que hemos recibido, y el pobre seguimiento de registros de las fuerzas de seguridad desde el golpe, tememos que las condiciones puedan deteriorarse drásticamente en los próximos días.” El mismo día, el Director de la organización basada en Londres Amnesty International, Susan Lee, manifestó que “los ataques contra los defensores de derechos humanos, la suspensión de medios, las golpizas a manifestantes por la policía y los reportes de crecientes y masivos arrestos indican que los derechos humanos y el estado de derechos en Honduras están en un grave riesgo.”
La comunidad internacional ha expresado también su preocupación sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Honduras. El 22 de septiembre México emitió un comunicado en nombre de los 23 miembros del Grupo de Río demandando al gobierno de Facto para no seguir realizando “actos de represión y de violación de los derechos humanos en Honduras”. El día siguiente, la Presidencia de la Unión Europea secundó la declaración del Grupo de Río.
Sr. Presidente, nos ha complacido escuchar que el vocero del
Departamento de Estado Ian Kelly reafirmó el 22 de septiembre la posición de la Administración de que Manuel Zelaya es el “lider democrática y constitucionalmente electo de Honduras.” Pero, desafortunadamente los mensajes encontrados que han caracterizado la respuesta de la Administración persisten.
El jefe de la delegación de los EEUU ante la Organización de los Estados Americanos, Lewis Amselem quien nos representa ante ese ente al decir que “el regreso de Zelaya a honduras es irresponsable e irracional y no sirve a los intereses del pueblo o de los que buscan la restauración de la democracia […] Todo sería mejor si ambas partes se abstienen de provocar o incitar la violencia.” No estando contento con culpar igualmente a los perpetradores y a las victimas de la violencia, decidió insultar personalmente al Sr. Zelaya, diciendo “El presidente debe dejar de actuar
como si estuviera protagonizando una vieja película de Woody Allen.” Los
voceros del Departamento de Estado han declinado en varias
oportunidades de distanciar su Administración de las expresiones de
Amselem.
Hacemos notar que, contrario a los lideres golpistas, el Presidente Zelaya ha indicado su apertura al diálogo y ha aceptado el acuerdo de San José que emergió de un proceso de medicación respaldado por los EEUU y dirigido por el Presidente Oscar Arias de Costa Rica.
La suspensión de derechos anunciada por la junta el 27 de septiembre por el Decreto Ejecutivo PCM016-2009 se utilizó para cerrar medios independientes como Radio Globo y Canal 36, que hasta hace Poco pudieron reiniciar sus transmisiones.
El decreto fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como una “violación al derecho internacional”, conteniendo
“disposiciones [que] arbitrariamente restringen derechos humanos
fundamentales.”
El Decreto PCM 016-2009 se mantuvo ampliamente en vigencia y fue
aplicado por la junta hasta el lunes 19 de octubre, cuando la derogación fue finalmente publicada, solo para ser sustituido con un decreto del Ministro de Seguridad de la junta mediante el cual todas las reuniones públicas, manifestaciones o marchas deben ser hechas del conocimiento de la policía con 24 horas de anticipación, incluyendo los nombres del evento y sus organizadores, las horas de inicio y finalización y las rutas de las marchas.
Otro decreto similar, que permite a las autoridades a suspender cualquier medio que se considere “fomente la anarquía social”, se a emitido el 7 de Octubre. De conformidad a la organización reporteros sin Fronteras, el decreto del 7 de octubre está “dirigido a los que se oponen al golpe” y “constituye una verdadera amenaza al pluralismo, un incentivo a la auto-censura y un mecanismo adicional para polarizar los medios y la opinión
pública.”
Elecciones libres y justas no pueden tener lugar bajo estas condiciones.
A pesar de que reconocemos a la administración por expresar su firme
apoyo a la restauración de la democracia en Honduras, estamos
preocupados de ni Usted ni la Secretaria de Estado han denunciado estos serios abusos a los derechos humanos en un país donde la influencia de los EEUU puede ser decisiva.
Es ahora más urgente que nunca de romper este silencio. Es crítico que su Administración inmediatamente y de forma clara e inequívoca rechace y denuncie la represión por este régimen ilegítimo. Podemos decir sinceramente sin hipérboles que esta acción de su parte puede salvar vidas.
Adicionalmente, la mayoría de nuestros vecinos en la región, incluyendo Brasil y México, han claramente indicado que no reconocerán el resultado de elecciones celebradas bajo este régimen golpista. El 29 de septiembre, el mediador propuesto por los EEUU, el Presidente de Costa Rica Oscar Arias, señaló que el régimen continua rechazando los acuerdos de San José, y advirtió que las elecciones en Honduras no pueden ser reconocidas por la comunidad internacional sin la restauración del orden constitucional. Arias dijo, “el costo de la falla de dejar a un golpe de estado sin castigo es crear un mal precedente para la región.[…]
Tendrás malos recuerdos del pasado malo de América Latina, insistiendo en elecciones bajo estas circunstancias y al pasar por alto los puntos del Acuerdo de San José.”
Es tiempo para que la administración se una a un consenso hemisférico e internacional y que de manera no ambigua exprese que elecciones organizadas por un gobierno no democrático que ha denegado a los críticos del régimen el derecho a la libre expresión, asociación y movimiento no pueden ser consideradas libres y justas por nuestro gobierno.
Sentimos que es imperativo que la administración debe avanzar en sus
esfuerzos para sacar adelante una pronta restauración de la democracia en Honduras, junto a otros lideres regionales.
Esperaremos atentamente su respuesta.
(FIRMAN LOS CONGRESISTAS)
Raúl M. Grijalva
Fortney “Pete” Stark
Janice D. Schakowsky
Barbara Lee
Luis V. Gutierrez
Chaka Fattah
Michael M. Honda
James L. Oberstar
José E. Serrano
Danny K. Davies
Maxime Waters
John Cnonyars
Jesse L. Jackson, Jr.
James P. Moran
Sam Farr
Eddie Bernice Johnson
Traducción Libre
(Membrete)
Congreso de los Estados Unidos
Washington, DC 20515
Octubre 27 de 2009.
Presidente Barak Obama
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20502
DC 20502