El MUCA ha informado que analizará con sus bases dicha propuesta y se pronunciará al respecto. La preocupación está en que si la respuesta de los campesinos no complace a los terratenientes, éstos podrían proceder al desalojo utilizando las modalidades violentas tradicionales que en las actuales circunstancias podrían resultar con saldos de muertos y heridos.
Según denuncias recabadas en la zona, grupos uniformados, fuertemente armados y auxiliados por equipos especiales para operaciones nocturnas, patrullan en los alrededores de los asentamientos campesinos en actitud amenazante.
La Plataforma de Derechos Humanos cree que deben tomarse las previsiones necesarias para evitar eventuales escenas de violencia, que pondrían en peligro nuevamente la integridad física y psíquica de miles de personas involucradas en el conflicto.
El estado de Honduras es el responsable de prevenir y garantizar que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, así como de castigar a los perpetradores de los delitos que atentan contra la integridad física de las personas; también de velar porque los campesinos tengan acceso a la tierra y otros recursos para vivir decorosamente.
Exigimos a la fiscalía de derechos humanos esté pendiente de los sucesos en esa región y tome las medidas apropiadas a las condiciones particulares que se viven ahí para evitar males mayores.
Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos, a pueblos y gobiernos que exijan al régimen de Porfirio Lobo Sosa el desmantelamiento inmediato de escuadrones de paramilitares; y la suspensión de acciones de las fuerzas represivas del estado parcializadas a favor de los terratenientes.
Tegucigalpa MDC, 24 de marzo de 2010
CDM, CIPRODEH, CODEH, COFADEH, CPTRT Y FIAN