Se trata de Fátima Baide, Tirza Flores Lanza y Armando Lozano Martínez, que podrían ser despedidos porque las autoridades del Poder Judicial no toleran la organización de los empleados.
La necesidad de fortalecer y democratizar el sistema judicial, obligó a los empleados de ese poder del Estado a organizarse en la AJD, institución que desde su fundación en agosto del 2007, promueve la transparencia en la impartición de justicia.
Tratando justificar el despido la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició recientemente una investigación contra Fátima Baide, Tirza Flores Lanza y Armando Lozano Martínez, argumentando que hace dos años los magistrados no ejecutaron una sentencia de la Sala de lo Constitucional.
El fallo de la Sala de lo Constitucional únicamente buscaba un sobreseimiento definitivo a favor de Sumaya Handal Hawit, ex administradora de la aduana La Mesa. Los magistrados de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula determinaron que existían indicios suficientes para continuar con el proceso.
Acusación
La fiscalía acusó en diciembre del 2004 a Sumaya Handal, hermana del diputado nacionalista Johny Handal, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y defraudación fiscal en perjuicio de la economía del Estado. La acusación también responsabilizó a los ejecutivos aduaneros Héctor Moisés Polanco Peña, José Tiburcio Polanco Peña y Merlin del Cid.
La denuncia establece que Sumaya Handal permitió que Dionisio Gutiérrez Perdomo, empleado de dicha aduana, despachara mercadería durante ocho meses sin la revisión fiscal correspondiente. La supuesta defraudación fiscal pudo haber alcanzado los 5 millones de lempiras.
El Juzgado que conoció el caso, sobreseyó definitivamente a los imputados, pero la acción fue apelada por la fiscalía. La Corte de Apelaciones revocó el fallo del tribunal y obligó a los defensores a presentar un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional.
Aunque el fallo de la Sala de lo Constitucional fue a favor de Sumaya Handal, los magistrados consideraron que había pruebas para continuar el juicio contra la acusada. Aseguran que no incurrieron en ningún incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Handal también fue acusada de permitir la introducción al país de un contenedor con máquinas tragamonedas haciéndolas pasar como maquinaria “para moldear”. La importación se realizó desde Colombia a través la empresa Recreativos Honduras.
La Dirección Ejecutiva de Ingresos determinó que hubo incumplimiento a la Ley Aduanera y Tributaria.
- Gerey*