A Rassel Tomé se le habían otorgado medidas cautelares y tenía como única prohibición no salir del país.
Palacios había concedido a Tomé un permiso para ausentarse del país por cinco días, tiempo en el que permaneció en El Ocotal, Nicaragua, durante un segundo intento de ingreso al país del presidente, Manuel Zelaya Rosales.
Tomé se encuentra en la embajada de Brasil como parte del equipo de asesores del presidente Zelaya, desde el pasado 21 de septiembre de 2009. A partir de entonces, ambos permanecen alojados, junto a un grupo de otras personas, en esa sede diplomática, concesión hecha por el presidente brasileño, Lula da Silva
Se teme que se estarían produciendo intentos por capturar a Tomé y retirarlo de la embajada brasileña, a partir de hoy, informó Radio Globo.
Según Carlos Eduardo Reina,otro de los asesores de Zelaya, el auto de prisión “más que un acto jurídico, es una persecución política con la que pretenden hostigar más al presidente Zelaya.”
Rassel Tomé es considerado “un asesor clave en la lucha por la restitución de Zelaya, y, además, como un símbolo del liderazgo en la Resistencia Contra el Golpe de Estado”, concluyó Reina.
La Fiscalía acusó al ex-comisionado de Conatel por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios por no acatar una sentencia definitiva de un juez que adjudicó la frecuencia de canal 12 a la empresa Eldi S.A. Conatel la cedió a Televisora de Honduras.
Una denuncia fue formalizada en el 2008, por Robert Carmona, representante de la Fundación Arcadia, desde Washington, quien promovió investigar a Tomé por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Carmona, cubano americano, ha sido denunciado como parte del Think Tank de la derecha en el golpismo internacional que, se asegura, estaría involucrado en el golpe de Estado en Honduras.
Tomé habría invertido un millón de lémpiras en propaganda electoral como candidato a diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán, y según esa denuncia, sus ingresos no serían suficientes para financiar esa campaña. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abrió una investigación de la causa.
Tomé, ha sostenido siempre que no ha incurrido en ningún acto de corrupción y ha atendido todo requerimiento que le ha sido hecho por las instancias judiciales.