Esta ley que plantea como finalidad gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación pública-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, se aprobó con el apoyo de la gran mayoría de la Cámara Legislativa.
Los diputados Héctor Guillen, Toribio Aguilera, Oswaldo Ramos Soto, George Romeo Silvestri Ferez y el mismo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, como principales defensores de esta iniciativa, aseguran que la ley no le permitirá al sector privado aprovecharse de los recursos estatales sino recuperar su inversión y ganar lo justo.
No obstante, en el momento del debate legislativo, estos mismos diputados frenaron con argumentos perspicaces la oportunidad de mejorar algunas de las condiciones que ofrece la ley y que fueron presentadas por los diputados Edwin Pavón, Augusto Cruz Asensio y Sergio Castellanos.
Como ejemplo se cita la negación de definir el concepto “riesgo”. El diputado Asensio solicitó que los riesgos se asuman de acuerdo al porcentaje de inversión en la obra de cada una de partes, pero se aprobó conforme a lo que estableció el diputado Guillen: “Dependerá de la negociación que se de entre las partes y quedará definido en el contrato que suscriban y no en la ley”.
Asimismo, propuso que se eliminara del artículo 6 que refiere a los aportes de la administración pública dentro del régimen de alianzas público privadas el inciso que otorga derechos al sector privado sobre los bienes patrimoniales del Estado o de los Municipios, pero ni siquiera se tomó en consideración.
Los diputados Udeistas propusieron que se excluya la inversión privada en los servicios públicos porque podrían llegar a ser privatizados a través de este procedimiento, no obstante el pinuista Toribio Aguilera replicó que esta ley garantiza la no privatización porque cada proyecto será sometido a un proceso de licitación y que además pasará por la aprobación del Consejo de Ministros y por tanto se descartó la propuesta de Castellanos y Pavón.
Los empresarios hondureños siempre le han sacado el máximo provecho a los recursos del Estado incluso aliados con los internacionales, un caso ejemplarizante fue la construcción del ferrocarril interoceánico, que fue financiado por Inglaterra y cuya obra nunca se construyó. Sin embargo, este préstamo se pagó hasta el último centavo.
En años recientemente pasados, la historia continua repitiéndose en casos como el de La Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), que termino en un descalabro financiero, siendo concebido como un pilar desarrollo para el país, la construcción de la represa hidroeléctrica El Cajón, la construcción de los complejos deportivos para los VI Juegos Centroamericanos, entre otros.
Y aún más reciente la quiebra de varias empresas bancarias que finalmente se asumió con fondos gubernamentales sin existir un seguro de depósitos, equipos y materiales estatales asegurados en la empresa privada pero que al momento del desastre como el del huracán Mitch estas empresas no respondieron al Estado, otros ejemplos la construcción del anillo periférico en Tegucigalpa, aún inconcluso, Ciudad Mateo y más.
Las obras y/o proyectos sociales en las que generalmente de una u otra manera interviene el sector privado no han tenido un buen suceso en Honduras, solo basta recordarlas, en vez de desarrollo traen endeudamiento y pobreza al país.
Atentamente
Nelly Flores
Incidencia Legislativa
CIPRODEH
PD. Para esta semana el Presidente del CN anunció la aprobación de 49 contratos de generación de energía renovable.